Un sacerdote católico fue asesinado en el departamento de Vandea, al oeste de Francia. De acuerdo con medios locales, el agresor es un refugiado ruandés, que en el 2020 le prendió fuego a la catedral de San Pedro y San Pablo, en la ciudad bretona de Nantes. Desde que se le presentaron cargos, permanecía en libertad vigilada. Según reportes, el sospechoso ya se entregó a la Policía.
Al respecto, la presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, lamentó que se pueda prender fuego a una catedral y, al no ser expulsado del país, luego cometer otro crimen. «Lo que está sucediendo en nuestro país es de una gravedad sin precedentes: es el fracaso completo del Estado», escribió. A su vez, Darmanin calificó el mensaje de la política de «indigno» y afirmó que ella «no conoce los hechos». De acuerdo con su respuesta, a pesar de una orden pendiente, no se podía deportar al sospechoso, ya que un control judicial pesaba sobre él.
Y es que es un problema que se evidencia en todos los países del mundo, desde las mas altas esferas la deficiencia del sistema judicial se encuentra en la mira de todos los expertos y es que como una persona que comete un crimen de gran magnitud puede sin ninguna restricción cometer un segundo de igual manera. Es un caso que sin lugar a dudas debe trabajarse con investigación exhaustiva para poder determinar a todos los culpables en el asesinato del sacerdote católico.