Los familiares de las víctimas de los ataques de las Torres Gemelas llevaban años solicitando la divulgación de estos archivos clasificados, argumentando que los funcionarios sauditas habrían tenido conocimiento previo del atentado pero que no intentaron detenerlo.
Sin embargo, el documento —el primero de varios que se espera que sean hechos públicos— no proporciona ninguna evidencia de que el gobierno saudita hubiera estado vinculado o tuviera conocimiento del complot contra las Torres Gemelas.
Antes de la desclasificación, la embajada saudita en Washington se mostró a favor de que los archivos se sacaran a la luz, y una vez más negó cualquier vínculo entre su país y los secuestradores, señalando que tales afirmaciones son «falsas y maliciosas».
El documento del FBI de 16 páginas se basa en entrevistas con una fuente cuya identidad está clasificada (nombrada como PII) y describe los contactos entre varios ciudadanos sauditas y dos de los secuestradores, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Midhar. Ambos se hicieron pasar por estudiantes para ingresar a Estados Unidos en el año 2000.
El memorando del FBI dice que luego recibieron un apoyo logístico significativo de Omar al-Bayoumi, quien, según testigos, era un visitante frecuente del Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a pesar de que su estatus oficial en ese momento era el de estudiante. Según la fuente del FBI, Bayoumi tenía «un estatus muy alto» en el consulado.
«La asistencia de Bayoumi a Hamzi y Midhar incluyó traducción, viajes, alojamiento y financiación», dice el documento. Por otra parte, el archivo del FBI también asegura que hubo vínculos entre los dos secuestradores y Fahad al-Thumairy, un imán (líder musulmán) de la mezquita del rey Fahad en Los Ángeles, a quien las fuentes citadas describen como «de creencias extremistas».
Tanto Bayoumi como Thumairy abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 11 de septiembre, según la agencia de noticias AP. La agencia también citó a Jim Kreindler, un abogado de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, diciendo que el documento publicado «valida los argumentos que presentados en el litigio sobre la responsabilidad del gobierno saudí en los ataques del 11 de septiembre».
El mes pasado, una demanda iniciada por familiares llevó a que varios altos exfuncionarios sauditas fueran interrogados bajo juramento. Las administraciones precedentes, las de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump, se negaron a desclasificar los documentos, citando como argumento la seguridad nacional. Pero el actual presidente Joe Biden ordenó la semana pasada una revisión de los documentos y les pidió a los funcionarios que publicaran lo que pudieran durante los próximos seis meses.