El presidente de la República, Daniel Noboa, ha realizado 11 objeciones al proyecto de Ley de Erradicación a la Violencia y el Acoso en todas las formas de trabajo. En su comunicado, vetó parcialmente el artículo dos, done la versión aprobada por la Asamblea, sancionaba como acoso laboral la no desconexión digital. Esto comprendía el envío de mensajes, llamadas, correos electrónicos o cualquier exigencia laboral fuera del horario establecido.
El jefe de Etsado solicita una corrección en el texto para precisar que la medida se aplica específicamente al teletrabajo y cuando estas acciones sean reiterativas.
«Que se trata, como era lógico, de una conducta reiterativa, repetitiva, lesiva, que cause un daño a un trabajador. Porque ese es un proceso de acoso del que no podemos tapar el sol con un dedo. Lamentablemente sí se da, sí ocurre pero hay que tenerlo con un debido proceso», afirmó Vanessa Velázquez, abogada especializada en asuntos laborales.
El Presidente eliminó la exigencia de que una empresa emita disculpas públicas a un empleado si no se puede identificar al responsable de actos de violencia digital en el lugar de trabajo. Del mismo modo, retiró el artículo que prohibía obligar a un empleado público a renunciar o terminar su relación laboral debido a violencia o acoso.
Por otro lado, la asambleísta María Teresa Pasquel, miembro de la comisión del derecho al trabajo encargada de tratar este veto, insiste en la necesidad de considerar todas las modalidades de trabajo, ya que la falta de respeto a la desconexión digital no se limita al teletrabajo. «Cuando hay jefes que son constantes y continuos en el abuso, a eso nos referimos», añadió.
Entre otras modificaciones, el presidente modificó las atribuciones de los inspectores de trabajo mediante el veto, impidiéndoles imponer sanciones pecuniarias en casos de violencia y acoso laboral. Esta responsabilidad pasa a los delegados del Ministerio de Trabajo en cada provincia. «Que sea la autoridad mayor la que defina y también dice que se analicen los casos», agregó Pasquel.
Además de esto, el proyecto de ley también aborda sanciones por el incumplimiento de vacaciones o permisos, el cambio de ocupación sin previo aviso dentro de una empresa, y reforma la Ley de Servicio Público, modificando las sanciones y multas por acoso.
La Asamblea Nacional dispone de un plazo de 30 días para determinar si acepta el veto del Presidente de la República o mantiene su posición respecto al proyecto original. Para aprobar el proyecto original se requerirá el respaldo de al menos 92 votos de los 137 legisladores.