Juez ha acogido la solicitud de la Fiscalía y ha ordenado prisión preventiva para 13 de los 14 procesados en el Caso Plaga. Estos individuos están siendo investigados por su presunta participación en delincuencia organizada al facilitar acciones constitucionales de manera ilegítima a privados de la libertad.
La medida de prisión preventiva fue dictada contra Lenin V. y Hugo L., identificados como organizadores del delito, así como contra Franklin T., Ángel L., Byron O., Simón G., Gary P., Joffre R., Omar J., José M., José T. y Hugo A., considerados colaboradores en la comisión del delito.
En el caso de María José L. C., debido a su estado de gestación, se solicitó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.


El fiscal Hernán Flores detalló en la audiencia de formulación de cargos cómo operaba la red criminal. Entre 2022 y 2023, un grupo de abogados liderados por Lenin Vimos y Hugo Lara reclutaban presos de diversas cárceles del país. A estos les ofrecían gestionar acciones constitucionales para obtener su libertad a cambio de sobornos a funcionarios judiciales.
Tres exintegrantes del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI): Alfredo Mejía, Omar Jarrín y José Tenen Paguay, reclutaban a los reclusos con sentencias o procesados por delitos graves.
Los abogados, una vez en contacto con los familiares de los detenidos, acordaban el monto del soborno que debía pagarse a funcionarios judiciales de varios cantones. Cinco jueces y dos secretarios de juzgado formaban parte de esta red, manipulando sorteos para garantizar que las acciones constitucionales cayeran en manos de jueces cómplices. Estos magistrados emitían resoluciones para liberar a los delincuentes.
La colaboración de dos policías, Marco Coque y Hugo Arévalo, completaba el sistema. Ellos verificaban el sistema interno de la institución policial para asegurar que los presos no tuvieran otras restricciones y no fueran detenidos nuevamente tras su liberación.
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