El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) está tratando de resolver la falta de proveedores de alimentos para las cárceles en Ecuador. La entidad concluyó su contrato con Lafattoria S.A., la anterior empresa proveedora de alimentos, debido a “posibles incumplimientos administrativos ante el Servicio de Compras Públicas” (Sercop).
Lafattoria, mediante un comunicado de prensa, informó que suspendió sus servicios en las cárceles de nueve provincias desde el 1 de junio de 2024. La empresa alegó que el Estado le debe alrededor de 30 millones de dólares, lo cual les impide continuar suministrando alimentos a los internos.
El servicio de alimentos se suspendió en las siguientes provincias: Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Napo, Cotopaxi y Guayas. Los centros de rehabilitación de Guayaquil fueron los últimos en verse afectados, perjudicando a aproximadamente 12,600 personas privadas de libertad.
El 5 de junio, la agencia de noticias API informó que en el Centro de Privación de Libertad El Rodeo en Portoviejo, Manabí, Lafattoria aún estaba proporcionando alimentos. Un funcionario de la prisión indicó que en “dos meses finalizaría el contrato con la empresa y enfrentarían los mismos problemas que otras cárceles”.
El 2 de mayo, el Gobierno presentó a la fiscal Diana Salazar un documento alertando sobre presuntos actos ilícitos por parte de Lafattoria, relacionados con sospechas de actividades penales. A raíz de esto, el SNAI anunció un nuevo proceso de contratación pública para los servicios de alimentos. El 17 de mayo, la entidad informó que estaba en la etapa precontractual para adjudicar un contrato para la División Territorial 1. De manera similar, el 31 de mayo, el SNAI comunicó sobre los trámites de adjudicación para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 3.
Según el SNAI, en esta ocasión se están implementando nuevas metodologías no consideradas en administraciones anteriores para mitigar los riesgos de posibles irregularidades.