El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntamente superar los límites de financiación establecidos por la ley durante las elecciones de 2022. Entre los señalados se encuentran el presidente Petro, el gerente de su campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, la tesorera Lucy Mogollón, y los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus. Además, los partidos políticos Colombia Humana y la Unión Patriótica también están implicados en esta posible infracción.
La ponencia que impulsa la investigación fue presentada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, miembro del partido opositor Centro Democrático. Si bien el CNE no es un tribunal, está compuesto por políticos que actúan como magistrados. De los nueve magistrados, siete votaron a favor de la propuesta de Prada, mientras que solo dos, ambas del Pacto Histórico, salvaron su voto. Esta votación refleja la polarización dentro del CNE, con una mayoría que apoya la investigación.
Las presuntas irregularidades abarcan tanto la primera como la segunda vuelta electoral. Entre los aportes no reportados se incluyen grandes sumas de dinero provenientes de sindicatos y partidos políticos, así como gastos de campaña no declarados, como el pago a testigos electorales y la celebración en el Movistar Arena. Según el CNE, estas omisiones suman más de 5.000 millones de pesos, lo que equivale a más de un millón de dólares.
Tras conocerse la decisión, el presidente Petro expresó su rechazo, calificando la investigación como un intento de golpe de Estado. En varias ocasiones, Petro ha denunciado que la ponencia es una estrategia para destituirlo y ha vinculado a Prada, el autor de la misma, con escándalos judiciales. En su discurso, Petro instó a sus seguidores a movilizarse en defensa de su mandato, sugiriendo que la decisión del CNE busca desconocer el voto de 11 millones de colombianos.