El presidente Daniel Noboa vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico del Ambiente aprobado por la Asamblea, presentando 12 observaciones para justificar su decisión.
En primer lugar, Noboa argumentó sobre la jerarquía legal, señalando que al tratarse de una reforma al Código Orgánico del Ambiente, los cambios no podían hacerse mediante una ley de menor rango.
En el documento enviado a la Asamblea se menciona: «Una ley ordinaria no puede modificar el Código Orgánico del Ambiente, ya que, por su jerarquía, solo puede ser reformado por una ley del mismo nivel».
Asimismo, expresó su preocupación por la inclusión de la posibilidad de modificar los límites y categorías de áreas protegidas. Indicó que permitir cambios en los límites podría dar lugar a su reducción, lo cual estaría en contra de lo establecido en la Constitución.
Otro aspecto cuestionado fue la falta de inclusión de las comunas en relación con los servicios ambientales. El veto señaló que, aunque es correcto describir quiénes pueden acceder a los beneficios, es necesario mencionar a las comunas reconocidas por la Constitución.
Adicionalmente, el Ejecutivo observó que las disposiciones generales sobre el registro de proyectos de servicios ambientales relacionados con la reducción y captura de gases de efecto invernadero deberían ser transitorias, ya que establecían un plazo.
El proyecto aprobado por la Asamblea abordaba temas como compensaciones por servicios ambientales, la regulación del mercado voluntario de carbono, la gestión del patrimonio forestal, registro y certificación, y la conservación de la vida silvestre, además de proponer una mayor capacidad para los gobiernos autónomos descentralizados.
Con la decisión del Ejecutivo, la Asamblea no podrá volver a tratar este tema durante, al menos, un año.