El proceso disciplinario de los 16 militares involucrados en la desaparición de los cuatro niños en Guayaquil está en marcha y podría durar entre dos y tres meses, según informó el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos. La información fue proporcionada el 30 de diciembre de 2024, durante su intervención ante la Comisión Especializada de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional.
El procedimiento disciplinario comenzó el 12 de diciembre, conforme a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. El Tribunal de Disciplina Militar celebró su primera audiencia el 23 de diciembre para evaluar dos faltas graves cometidas por los militares durante la detención de los menores el 8 de diciembre. Este proceso es fundamental para determinar las responsabilidades de los involucrados en este caso.
Cevallos explicó que el proceso disciplinario requiere varias audiencias para analizar todos los elementos del caso. Se espera que el procedimiento termine en un plazo de dos a tres meses, momento en el que se decidirá si algunos o todos los militares involucrados serán separados de sus funciones. Este proceso se lleva a cabo en paralelo con la investigación penal que está siendo dirigida por la Fiscalía.
El caso de la desaparición de los niños ha generado una gran indignación en el país, con la sociedad ecuatoriana exigiendo respuestas y justicia. La situación ha puesto en el foco la actuación de las Fuerzas Armadas y la necesidad de esclarecer los hechos lo antes posible. La comparecencia de Cevallos ante la Asamblea forma parte de los esfuerzos por garantizar transparencia en la investigación.
El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos en la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil. Esta audiencia es un paso más en el proceso judicial que busca esclarecer la desaparición de los menores y determinar las responsabilidades legales de los implicados.
Mientras tanto, las familias de los niños desaparecidos y la ciudadanía siguen demandando justicia y una investigación exhaustiva. La presión pública y las organizaciones de derechos humanos insisten en que el caso debe ser resuelto de manera rápida y transparente, para garantizar que no se repitan hechos similares en el futuro.
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