Del período de 2021 a 2024, la Contraloría analizó las contrataciones del Isspol.
La Contraloría General del Estado (CGE), detectó un perjuicio económico de 8.9 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Por ende se analizaron el período desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2024, como indica en el comunicado que emitió el pasado 7 de enero. Este perjuicio económico es en el servicio en asesoría legal y patrocinio.
Con la aprobación de un examen especial, que busca analizar los procedimientos vinculados a la contratación del «Servicio de asesoría legal», el cual fue contratado para intereses en defensa por parte de la Isspol, al igual que un patrocinio específico en la recuperación que se invirtió y la representación para los procesos judiciales. Se corresponde a una orden de trabajo emitida el 1 de julio de 2024.
Determinando que el contratista no ha entregado productos conforme a lo estipulado en el contrato y pliegos, este informe se lo aprobó el 30 de diciembre de 2024. Se aprobó un pago a los honorarios variables de una de las 59 acreencias, producto del servicio, en el que no se presentaron los documentos que respaldan la gestión, la cual debía realizarse por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Banco Central y Procuraduría.
Esto con el fin de «la reasignación de cuentas y corrección del registro contable de los títulos valores dentro del sistema de anotaciones de operaciones bursátiles efectuadas con Bonos del Estado de Deuda Pública Interna emitida por el Ministerio de Finanzas a favor del Isspol», generando un perjuicio económico para el Estado que llega a los 8.9 millones de dólares, los cuales se cancelaron al proveedor, por dicho servicio.
La CGE busca informar y tener una transparencia en el cumplimiento de funciones constitucionales y legales.