Una grave crisis administrativa se desata en la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil, donde aproximadamente 100 personas han sido contratadas sin procesos formales ni roles definidos. Esta situación ha provocado protestas del personal docente y administrativo, quienes expresan preocupación por la integridad y la transparencia institucional.
La universidad, que opera con un presupuesto de 17 millones de dólares y atiende a unos 5.000 estudiantes en seis programas presenciales y tres en línea, enfrenta interrupciones debido al aplazamiento de las clases durante una semana, que se traslada temporalmente a formatos virtuales. El vicerrector Javier del Cioppo destaca que estas contrataciones carecen de la documentación adecuada y de claridad respecto a sus responsabilidades, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de las normas de contratación.
Para agravar el problema, la rectora de la universidad habría abandonado el país sin notificar al Consejo Universitario ni designar un sustituto interino, dejando a la institución sin su máxima autoridad durante cinco días hábiles. Durante este período, un asesor, no afiliado oficialmente a la universidad, asumió ciertas funciones administrativas sin autorización formal, lo que agravó aún más los problemas de gobernanza.
En respuesta a estos acontecimientos, el Consejo Universitario se reúne y promulga medidas para restablecer el orden y la transparencia. Estas incluyen iniciar una revisión exhaustiva de todas las prácticas de contratación, declarar a la universidad un «centro de paz» y prohibir la presencia de armas en el campus. El Consejo enfatiza la importancia de cumplir con los requisitos legales y proteger los derechos del personal existente.
La situación actual en la Universidad Agraria del Ecuador subraya la necesidad de una sólida supervisión administrativa y el cumplimiento de los protocolos establecidos para mantener la credibilidad de la institución y garantizar el bienestar de su comunidad académica.