Desde el 1 de mayo, los consumidores volverán a soportar el coste íntegro de la electricidad, tras la suspensión de la compensación aplicada durante la crisis eléctrica. El Ministerio de Energía confirma que el beneficio, implementado como medida de alivio, ya no está vigente.
Durante cuatro meses —noviembre y diciembre de 2024 y enero y febrero de 2025— el gobierno cubrió parte del consumo de hasta 180 kilovatios-hora para millones de familias. En marzo, el beneficio se extendió exclusivamente a las provincias afectadas por el duro invierno, como un último esfuerzo para amortiguar los impactos de la crisis energética.
La decisión del gobierno de Daniel Noboa fue anunciada en septiembre de 2024, en medio de una nueva ola de recortes programados de hasta 10 horas diarias. Esta medida revivió el recuerdo de apagones anteriores y provocó fuertes críticas de la población, que enfrentó pérdidas económicas, alteraciones en la vida cotidiana y un mayor descontento social.
Según el Ministerio de Energía, más de cinco millones de familias recibieron indemnizaciones entre diciembre y febrero, mientras que alrededor de dos millones continuaron beneficiándose en marzo. Ahora, todas las facturas de la luz reflejan el valor real del consumo, sin subvenciones ni descuentos especiales.
Si bien el impacto total será visible en la mayoría de las facturas de mayo, muchos consumidores ya están notando el aumento en las facturas recibidas en la última semana de abril. Las redes sociales están llenas de mensajes de asombro e indignación que señalan la carga extra que esto supone para el presupuesto familiar.
La crisis eléctrica en Ecuador es el resultado de una combinación de factores estructurales y climáticos, entre ellos la mala gestión, los bajos niveles de agua en los embalses y la insuficiente inversión en infraestructura energética. El Gobierno intenta controlar la situación, pero se enfrenta a un creciente desgaste político y a una presión popular.
Con el fin de las compensaciones, el reto del Ejecutivo es recuperar la confianza de la población y garantizar un suministro energético estable en los próximos meses, evitando nuevos episodios de colapso que puedan agravar aún más la ya delicada situación económica del país