La Universidad Agraria del Ecuador se convirtió en el epicentro de un creciente malestar social cuando estudiantes y profesores salieron a las calles de Guayaquil para exigir la intervención inmediata del Consejo de Educación Superior (CES). Los manifestantes bloquearon la avenida 25 de Julio, incendiaron neumáticos y expresaron su frustración por lo que describieron como una crisis institucional cada vez más profunda bajo el liderazgo de la rectora Tamara Borodulina.
La manifestación, que lleva semanas en marcha, surge a raíz de una serie de denuncias sobre irregularidades administrativas. Estudiantes y profesores han alertado sobre lo que consideran una toma de decisiones unilateral, falta de transparencia y reiteradas violaciones de las normas universitarias. La creciente tensión finalmente se extendió a las calles, con cientos de personas participando en acciones coordinadas para visibilizar sus demandas.
Un elemento central del descontento son las acusaciones de que la rectora Borodulina ha incumplido resoluciones importantes de los órganos de gobierno de la universidad, en concreto las resoluciones 139, 146, 147 y 148. Los manifestantes alegan que su administración ha llevado a cabo despidos arbitrarios y cambios no autorizados en el personal universitario, socavando los principios democráticos y académicos de la institución.
Se podían ver señales de protesta por todo el campus, incluyendo un cartel prominente en una de las puertas de la universidad que enumeraba quejas contra la administración de Borodulina. El cartel no solo la acusaba de ignorar los protocolos oficiales, sino que también exigía la destitución de varios funcionarios vinculados a su liderazgo. Las denuncias de posible corrupción avivaron aún más las tensiones y fueron un tema recurrente en los cánticos y pancartas de los manifestantes.
Más allá de las quejas administrativas, el llamado a la vuelta a las clases presenciales fue otro importante grito de guerra durante la protesta. Los estudiantes expresaron su frustración por la falta de claridad respecto al calendario académico y expresaron su preocupación por la perturbación de su educación y la amenaza de la credibilidad de los programas universitarios que genera la crisis.
Según la protesta se encendía a lo largo del día, la presión sobre el CES para que respondiera aumentaba. El profesorado se hizo eco de las demandas estudiantiles, advirtiendo que la situación había llegado a un punto crítico. Los manifestantes insistieron en que solo una intervención externa podría restaurar el orden, la legitimidad y la dignidad de una institución que, en sus palabras, «ha perdido el rumbo».