La Coordinación de Pachakutik reprendió a legisladores del movimiento indígena. Este llamado de atención se originó por «ensuciar la lucha histórica» de este sector, al votar junto al movimiento ADN, por permitir la instalación de bases militares extranjeras dentro del país.
Este martes 3 de junio del 2025, la aprobación de la reforma del artículo 5 de la Constitución, no solo provocó que se abriera la puerta a la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador, sino que también terminó de consolidar la mayoría que opera en el Legislativo. El informe fue aprobado con 82 votos que salieron de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), y la parte de Pachakutik que apoya desde el pasado 14 de mayo al oficialismo y algunos independientes.
En las primeras horas del 2 de junio, existía la duda si los representantes del Pachakutik, que tradicionalmente se habían opuesto a este tipo de iniciativas, en esta ocasión le iban a dar la espalda al Gobierno y dejar sin los votos necesarios a la bancada para aprobar la reforma.
Al contrario, esta vez las posturas ideológicas históricas fueron diferentes y siete de los nueves legisladores del movimiento indígena votaron por la tesis del Ejecutivo: José Nantipia, Manuel Choro, Carmen Tiupul, José Nango, Edmundo Cerda, Dina Farinango y Cecilia Baltazar. Lo sorprendente se produjo cuando Dina Farinango quien, hasta antes de darse la votación, se había mantenido en la línea de oposición de Mariana Yumbay y Alex Toapanta, que este 3 de junio se abstuvieron en la votación.
Tras la votación de los asambleístas de Pachakutik, se originó el rechazo por parte de la coordinación nacional del movimiento indígena, encabezada por Guillermo Churuchumbi, quien responde al presidente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.
A través de un comunicado compartido en su cuenta de X, que llevaba por título «Bases militares extranjeras y la muerte de la soberanía nacional», enfatizó que: «aprobar su instalación es entregar la soberanía del país. No combaten el narco, pero sí protegen intereses extranjeros y reprimen a los pueblos».
Además, la coordinación denunció: “Rechazamos abiertamente la votación de los asambleístas de Pachakutik que, guiados por la ceguera o el oportunismo político, están votando juntos con el gobierno neoliberal; no fue para eso que las organizaciones de base ni quienes les dieron sus votos apoyaron sus candidaturas. Si esa fue sus visiones desde el principio, más honesto era que se postulen por ADN y no ensuciar la lucha histórica de los pueblos”. El resto de la resolución en la Asamblea no fue sorpresa. Alfredo Serrano, del PSC, ya había anunciado que, por esta ocasión, ADN contaría con sus votos para la reforma y todos los independientes, excepto Cristian Benavides, votaron a favor.
Enlace del comunicado de Pachakutik: https://x.com/PKnacional18/status/1930042759655612655/photo/1
El presidente de la República, Daniel Noboa, propuso en octubre de 2024, el cambio en la Carta Magna para levantar la prohibición al establecimiento de bases militares extranjeras, con el objetivo de fortalecer su llamada guerra contra el narcotráfico.
Conforme avanzó el debate, la bancada de la Revolución Ciudadana, dio más de una razón para justificar su oposición a la reforma constitucional que elimina la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador. A pesar de esto, todo apuntaba a que de forma orgánica, el correísmo le se negaría al informe propuesto por Nataly Morillo, de ADN.
Tres de sus integrantes: Raúl Chávez, Fricson George y David Arias se alejaron de la decisión de la bancada y, sin bien no apoyaron la reforma, optaron por votar en abstención. El antecedente es que Arias, asambleísta por Galápagos, fue uno de los que votó, junto a Sergio Peña, a favor del primer informe sobre la Ley urgente para combatir las economías criminales.
Finalmente, después de lo aprobado en la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional deberá calificar el texto sobre la reforma que será sometida a referéndum, el cual será convocado en un plazo de 45 días como establece la actual Constitución, en vigencia desde 2008 y aprobada durante el Gobierno del expresidente, Rafael Correa.