Este jueves 5 de junio, la Asamblea Nacional del Ecuador desató un acalorado debate al rechazar, por una mayoría de 79 votos, la terna de candidatos presentada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de la Judicatura (CJ). Esta decisión reavivó la tensión en el Legislativo y desencadenó una serie de reacciones políticas inmediatas.
El origen de esta escalada radica en la moción presentada por el parlamentario Henry Bósquez, quien propuso modificar la agenda para reconsiderar la terna presentada previamente por la antigua Asamblea. La propuesta fue adoptada e inmediatamente provocó una fuerte reacción de los miembros de la Revolución Ciudadana (RC), quienes consideraron la iniciativa un ataque directo a las normas legislativas vigentes y a los procesos democráticos.
En pleno período de sesiones, la confrontación se tornó aún más tensa cuando legisladores de RC cuestionaron la presidencia de la Asamblea, encabezada por Niels Olsen. Argumentaron que el proceso viola claramente la ley orgánica que rige la función legislativa, cuestionando así la legitimidad de la decisión. Según ellos, el partido gobernante, ADN (Acción Democrática Nacional), intenta manipular a las autoridades judiciales para su propio beneficio.
El debate se extendió rápidamente más allá de la cámara. En redes sociales, en particular en la plataforma X, varias figuras políticas denunciaron lo que denominaron «abuso de la mayoría» y «manipulación institucional». La legisladora Gabriela Molina, influyente portavoz de la RC, afirmó que este rechazo constituía una «aberración jurídica» y un precedente peligroso para el equilibrio democrático.
La mayoría parlamentaria defendió la decisión como una rectificación necesaria. Algunos diputados enfatizaron que la terna no cumplía los criterios de imparcialidad y mérito requeridos para un cargo tan estratégico como el de miembro del Consejo de la Judicatura, que garantiza la independencia del poder judicial.
Mientras el CPCCS aún espera una resolución clara, esta decisión de la Asamblea refleja una vez más la fragilidad institucional que caracteriza el panorama político ecuatoriano en 2025. La independencia de poderes, la transparencia de los nombramientos y la estabilidad legislativa están en el centro del debate público, en un contexto de acusaciones mutuas y una creciente inestabilidad.