La Asamblea Nacional avanza con el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas y Desarrollo Local, impulsado por el Ejecutivo como prioridad económica y ambiental.
La iniciativa planea crear un ente público llamado Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SNAP EP), encargado de gestionar y regular parques nacionales y reservas. También contempla un fideicomiso para financiar su operación a través de donaciones, préstamos y proyectos.
Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de concesionar actividades turísticas o inmobiliarias a grupos privados o comunitarios dentro de zonas naturales, medida criticada por defensores del medio ambiente.
Ecologistas y organizaciones indígenas advierten que esta apertura favorece a intereses económicos que ya han intentado desarrollar proyectos en ecosistemas delicados, como ocurrió en Olón. Consideran que el resguardo ambiental se ve amenazado por permitir obras comerciales en territorios protegidos.
El debate en la comisión también aborda la participación de policías o militares en la seguridad interna de áreas naturales, junto con protocolos frente a amenazas como minería ilegal o caza, lo cual ha generado cuestionamientos sobre la militarización en espacios de conservación.
Mientras la Asamblea se prepara para discutir el proyecto en el pleno, sectores ambientalistas exigen mayores garantías y regulación transparente, para evitar que se prioricen intereses privados por encima de la riqueza natural.
El proceso refleja un choque entre la búsqueda de nuevos modelos de gestión pública y la defensa de la integridad ecológica nacional. La aprobación, modificación o rechazo de esta ley marcará el rumbo de la protección ambiental en Ecuador.