Este jueves, la tensión en la Asamblea Nacional se intensificó después de que Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Participación, silenciara abruptamente al legislador de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, durante una acalorada sesión. La interrupción se produjo cuando Luna intentaba presentar datos que exponen las falsedades del viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Fabián Calero, en un discurso reciente, lo que desató acusaciones de abuso de poder y censura.
Miembros de la Bancada Ciudadana (RC5) condenaron la medida, acusando a Jácome de aplicar la supervisión selectivamente solo cuando les conviene políticamente. Criticaron la práctica de la Comisión de programar sesiones nocturnas, argumentando que este horario suprime la observación pública y socava la transparencia del proceso legislativo.
Este incidente intensifica los debates sobre la rendición de cuentas y los valores democráticos en la Asamblea, pues la oposición afirma que el liderazgo actual prioriza el proteccionismo interno sobre la representación genuina. En el lado correísta afirmaron que muchos legisladores de ADN, se protegen mutuamente de las críticas y ocultan sus deficiencias legislativas, mientras silencian a quienes les exigen cuentas.
La controversia también pone de relieve un cambio percibido en la postura política de Diana Jácome. Anteriormente una crítica activa dentro de la oposición, ahora enfrenta críticas por supuestamente replicar las mismas tácticas que denunció previamente. La oposición describe esta transformación como oportunista y perjudicial para los principios democráticos.
Los llamados a una mayor transparencia y respeto a las opiniones disidentes, se intensificaron ante el temor de que las maniobras políticas estén eclipsando las funciones legislativas. La Bancada Ciudadana, reafirmó su compromiso de exponer la desinformación y exigir responsabilidades a los funcionarios, y se compromete a seguir alzando la voz a pesar de la resistencia institucional.
El enfrentamiento entre las facciones gobernantes y la oposición, amenaza con erosionar la confianza pública en las instituciones democráticas en un momento crítico para el país. La situación actual sigue poniendo a prueba el compromiso de Ecuador con los valores democráticos y la integridad institucional.