La decisión del presidente Daniel Noboa de reestructurar el Poder Ejecutivo y eliminar varios Ministerios ha generado fuertes críticas por parte de figuras políticas, académicos y exfuncionarios del Gobierno. Entre los críticos más vehementes se encuentra el expresidente Rafael Correa, quien condena el despido de 5.000 servidores públicos como una maniobra despiadada disfrazada de valentía administrativa. En una mordaz declaración en redes sociales, Correa cuestiona la moralidad de despedir a miles de trabajadores con el pretexto de la responsabilidad fiscal, calificando la medida del Gobierno de insensibilidad y elitismo.
Las reformas, que el Gobierno describe como parte de un plan de «eficiencia y modernización», implican la fusión de varios Ministerios y Secretarías. Entre las principales instituciones afectadas se encuentran la Senescyt (Secretaría de Educación Superior), que está siendo absorbida por el Ministerio de Educación; los Ministerios de Cultura, Deportes, Turismo y de la Mujer, que serán eliminados o fusionados con otros; y agencias estratégicas como Senain y ECU-911, que ahora están bajo el control del Ministerio del Interior. El Gobierno afirma que estas medidas reducirán la carga burocrática y agilizarán la gobernanza.
Sin embargo, los críticos argumentan que la medida es más una purga política que una mejora estructural. Voces como la de Marco Navas, tachan la decisión del Gobierno de ignorante e ideológica, sugiriendo que la reestructuración se lleva a cabo para satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de una verdadera reforma del Estado. También alerta sobre el futuro de la educación superior, ahora supervisada por el Ministerio de Educación, dirigido por funcionarios con poca o ninguna formación académica en ciencias o políticas de investigación.
Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de perspectivas opuestas. Entidades de la sociedad civil como Bajo la Lupa EC describen la reforma no como una fusión, sino como una liquidación de instituciones destacadas, afirmando que una vez que se recortan los presupuestos y el personal, estos organismos dejan de funcionar. La decisión, argumentan, pone en riesgo el desarrollo cultural, científico y educativo de Ecuador al desmantelar los escasos espacios institucionales que apoyaban la innovación, la equidad y la producción de conocimiento.
Aviva el debate la pregunta de si estos cambios estructurales lograrán siquiera ahorros económicos significativos. Los analistas han señalado que la fusión de la SENESCYT con el Ministerio de Educación, por ejemplo, afecta a menos de 500 empleados, y de ellos, solo una pequeña fracción será despedida. Mientras tanto, el Ministerio de Educación ya emplea a más de 170.000 personas, en su mayoría docentes, lo que hace que el impacto de la fusión en el gasto público sea casi insignificante. El despido de 5.000 trabajadores en múltiples sectores, añaden, representa menos del 1% de todos los empleados públicos, lo que difícilmente constituye una estrategia fiscal transformadora.
En medio de estas tensiones, los sindicatos y las organizaciones estudiantiles se están movilizando. La Unión Nacional de Educadores (UNE) ya ha anunciado protestas nacionales para el 7 de agosto, exigiendo el respeto a los derechos laborales y la reincorporación del personal afectado. Los opositores también exigen a la Corte Constitucional que revise urgentemente las acciones legales interpuestas contra la Ley de Integridad Pública, bajo la cual se justifican muchas de estas medidas. El silencio de la Corte Constitucional, afirman, amenaza el sistema de pesos y contrapesos democráticos.