En una decisión que refuerza la tensión entre el Ejecutivo y el tribunal máximo de Estado, la Corte Constitucional de Ecuador niega el pedido de reversión de la suspensión de varios artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, presentado por el secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino. Esta negativa permanece intacta incluso antes de comenzar el análisis de fondo del caso.
La solicitud del Ejecutivo apuntaba a levantar la suspensión temporal de los artículos relacionados con la definición de conflicto armado interno, la caracterización de grupos armados, y los indultos a policías y militares. Andino argumentó que dichos bloqueos generan inseguridad jurídica y no cumplen con los criterios de proporcionalidad y fundamentación necesarios. Sin embargo, la Corte sostiene firmemente que esas medidas cautelares fueron justificadas ante el riesgo de daños graves e inminentes a derechos fundamentales, tal como se expuso en el auto de admisión de la demanda.
Este nuevo revés judicial ocurre en medio de una creciente confrontación institucional. El pasado martes, el presidente Daniel Noboa encabezó una multitudinaria marcha en Quito en protesta contra la suspensión de artículos de tres leyes impulsadas por su Gobierno —Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública—, lo que avivó las críticas a la independencia de funciones.
A su vez, organizaciones internacionales como la ONU y Human Rights Watch han cuestionado las campañas gubernamentales contra la Corte, especialmente tras el uso de vallas con rostros de los magistrados bajo mensajes que los acusan de “robar la paz”. La relatora de justicia de la ONU advirtió que tales acciones “socavan” la independencia del poder constitucional y plantean serias amenazas al Estado de derecho.
En este contexto, la Corte ha convocado ya una audiencia pública virtual para el 25 de agosto, donde se abordarán las demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra la Ley de Solidaridad Nacional. Esta diligencia representa una instancia para dirimir sobre la validez de las medidas suspendidas, y podría marcar el rumbo de la pugna entre los poderes del Estado.
La comunidad jurídica y civil permanece alerta ante la deriva institucional de este conflicto. La postura firme de la Corte pone en evidencia los límites legales ante los intentos del Ejecutivo por profundizar su agenda de seguridad, mientras crece el reclamo por la preservación de controles constitucionales efectivos. Así, el rechazo de la Corte al intento de revocatoria refuerza su autoridad como garante de derechos y establece un precedente relevante en la defensa del equilibrio republicano frente a presiones políticas.