Un exjuez de Guayas, investigado por delincuencia organizada y actualmente prófugo, fue destituido por haber dictado un fallo irregular que eliminó una deuda del exasambleísta sentenciado, Pablo Muentes.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió el jueves 21 de agosto de 2025 la destitución de J.D.P.A., juez de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, procesado por delincuencia organizada en el caso Purga y hoy prófugo de la justicia.
De acuerdo con la resolución, el magistrado emitió un fallo irregular que favoreció al exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes, condenado en marzo de 2025 a 13 años y cuatro meses de cárcel por liderar una red de corrupción judicial en Guayas.
Con esa decisión, el juez permitió extinguir una obligación financiera que mantenía Muentes con el sistema bancario.
El CJ señaló que, antes de dictar la sentencia, el juez y Muentes sostuvieron llamadas y mensajes para coordinar la resolución. Asimismo, omitió informar a sus superiores sobre ofrecimientos de dinero y favores recibidos a cambio de decisiones judiciales.
La institución indicó que, al beneficiar a miembros de una organización delictiva, el destituido comprometió la imparcialidad y la ética requeridas en su función.
¿Quién es Pablo Muentes?
La Fiscalía lo identificó como líder de la red de corrupción del caso Purga, junto a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo.
Según el fallo de la Corte Nacional de Justicia, ambos encabezaron un esquema estructurado para manipular el sistema judicial en favor propio y de terceros.
El tribunal concluyó que Muentes buscaba beneficios económicos al lograr que se declarara inexistente una millonaria deuda con el Banco del Pacífico, contando con la complicidad de jueces afines.
La investigación también evidenció lazos personales y políticos que potenciaron su influencia, como el financiamiento de campañas judiciales y la manipulación en la designación de magistrados. Muentes, Gallardo y otros exfuncionarios recibieron penas de prisión, multas económicas, la pérdida de derechos políticos por 20 años y el decomiso de sus bienes.
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