Por: Marco Flores
El sustantivo incremento en la nueva Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2025 es claramente inconsistente con la realidad fiscal del país. Si cumplir con 36.063 millones de dólares del PGE 2025 (prorrogado del año anterior) era ya muy difícil, mucho más lo será cumplir con la nueva proforma de 40.961 millones.
Pero no solo que no existen los recursos suficientes, sino que la nueva proforma 2025 es inconsistente con el programa acordado por Ecuador con el FMI que, entre reducción del gasto público, nuevos impuestos y eliminación de subsidios, exige un ajuste a la vena de 6.197 millones de dólares entre los años 2025 a 2028, ajuste del cual 1.808 millones corresponde al del año 2025.
El fuerte incremento de la nueva proforma 2025 también es inconsistente con el enorme pago del servicio de la deuda pública que el año 2025 consumirá 11.673 millones del PGE y con el crecimiento de la economía estimado en 2,8% del PIB real, pero PIB real sin haber aislado en forma debida, como correspondía hacerlo, la parte importante que corresponde al incremento en precios y no a la mayor producción de bienes y servicios.
Entre enero y junio de 2025 el gasto acumulado (egresado) fue 13.098 millones de dólares. ¿De dónde van a salir los otros 27.863 millones hasta diciembre de 2025? Sucederá lo mismo que el año 2024 en que el PGE fue de 36.063 millones, pero el ejecutado de 32.833 millones, 3.230 millones menos, -8,96% de reducción.
Hay un incremento muy significativo de los recursos asignados al sector salud que pasan de 2.816 a 5.137 millones de dólares, son 2.321 millones de incremento, el 82,4%. Es justo y necesario, pero una cosa son los valores que se colocan en el PGE y otra muy diferente su ejecución efectiva. En menor proporción ocurre lo mismo con el sector educación, las asignaciones se incrementan de 4.823 a 5.287 millones, 464 millones, el 9,6%.
La calidad de la ejecución presupuestaria se evalúa por la capacidad de una entidad para utilizar sus recursos de manera eficiente, eficaz y equitativa, de forma que permita cumplir con los objetivos de una economía sana e incluyente. El PGE no es una simple lista de ingresos y egresos sino el principal instrumento financiero, económico y legal de política fiscal para redistribuir recursos, pero de manera que produzca el mayor impacto positivo en el crecimiento económico y el empleo, en la vida de las personas y en sus posibilidades de progreso.