El gobierno de Ecuador eliminó el subsidio al diésel este sábado, incrementando su precio por galón de $1,80 a $2,80, una medida que busca ahorrar $1.100 millones al año y redirigir esos fondos hacia programas sociales y productivos.
Las autoridades prometen que el pasaje del transporte público no sube, y anuncian compensaciones económicas directas al sector transporte, bonificaciones para agricultores, devolución del IVA a adultos mayores, y expansión del Bono de Desarrollo Humano para familias vulnerables.
Organizaciones sociales, gremios de transporte pesado, campesinos y la CONAIE reaccionan con fuerte oposición, calificando la medida de “sorpresiva”, “injusta” y advirtiendo que esta decisión podría generar protestas callejeras permanentes si no se detallan los mecanismos de mitigación.
El anuncio provocó sorpresa entre los transportistas, quienes aseguran que no hubo diálogo previo ni socialización de la medida. De este modo, se preparan reuniones para definir una respuesta nacional, en ciudades como Quito, Guayaquil y otros puntos estratégicos.
El Gobierno insiste en que el subsidio al diésel favorecía al contrabando, a minería ilegal y a sectores con mayor poder adquisitivo, más que a quienes realmente lo necesitan, y que por ello la eliminación es “una corrección de inequidades”.
Se activa lo que el Ejecutivo denomina un “escudo social”: distribuir los recursos ahorrados en apoyos para familias vulnerables, compensaciones al transporte comercial, créditos para productores agrícolas, y devolver impuestos como el IVA a sectores desfavorecidos.
El ambiente social es tenso, por lo que desde ya se advierte la posibilidad de movilizaciones, protestas gremiales y acción de organizaciones indígenas si perciben que los beneficios prometidos no lleguen, o que la carga recae principalmente sobre los sectores populares.