La Fiscalía General del Estado presentó este lunes 15 de septiembre, un dictamen acusatorio que sacude la política nacional, en donde el expresidente Lenín Moreno Garcés es señalado como autor directo del delito de cohecho dentro del llamado caso Sinohydro (anteriormente llamado Ina Papers), investigación que gira en torno a la adjudicación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
La acusación, sustentada en cientos de elementos de convicción, involucra también a 23 personas más, entre exfuncionarios, diplomáticos y contratistas, quienes habrían participado en una red de sobornos millonarios a cambio de favores y contratos. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, rechazó los pedidos de nulidad presentados por las defensas y abre paso a la siguiente etapa procesal, en la que se decidirá el llamado a juicio.
Moreno es acusado junto con otros ocho señalados de ser autores directos, entre ellos el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, y ejecutivos de la compañía china Sinohydro, que obtuvo en 2009 el contrato de construcción de Coca Codo Sinclair por más de $2.200 millones de dólares. Además, la Fiscalía señala como cómplices a su esposa, Rocío González, y a su hija, Irina Moreno, a quienes atribuye la recepción de parte de los sobornos a través de cuentas, empresas intermediarias y transferencias en el extranjero. Según el Fiscal General Subrogante, Wilson Toainga, el entramado de corrupción operó desde antes de que Moreno asumiera la Presidencia en 2017, y se extendió hasta el final de su mandato en 2021.
De acuerdo con las investigaciones, el mecanismo de corrupción habría permitido la entrega de alrededor de $76 millones de dólares en sobornos, distribuidos entre funcionarios, empresarios y allegados para asegurar la adjudicación y posterior ejecución de la obra. La Fiscalía sostiene que más de $1 millón de dólares llegaron directamente a la familia de Moreno, en donde unos $547.000 dólares estarían a nombre del exmandatario y de su esposa, $52.000 dólares con su hija, y $387.000 dólares a su hermano Edwin, además de otras sumas menores a distintos parientes. Estos montos, según el expediente, fueron camuflados como donaciones o transferencias justificadas, aunque en realidad respondían a un esquema de pagos ilícitos de Sinohydro a través de intermediarios como Conto Patiño, considerado pieza clave de la operación.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, la defensa del expresidente insistió en la nulidad del proceso, alegando que la Asamblea Nacional nunca autorizó su enjuiciamiento y que, en su condición de exjefe de Estado, goza de prerrogativas que no se respetaron. Sin embargo, el conjuez Hernández desestimó esos argumentos y ratificó que la Fiscalía tiene competencia y que los elementos presentados justifican continuar el proceso. La decisión genera un fuerte debate jurídico y político, ya que marca un precedente sobre el alcance de la inmunidad presidencial una vez concluido el mandato y sobre la responsabilidad de los exmandatarios en casos de corrupción.
Desde Paraguay, donde reside desde 2022 y ejerce funciones como comisionado de la OEA en temas de discapacidad, Lenín Moreno reaccionó calificando el proceso como una persecución política. En declaraciones a medios internacionales, sostiene que se trata de “otro capítulo de la venganza de Rafael Correa”, su antiguo aliado y luego adversario, a quien responsabiliza de orquestar la ofensiva judicial. El exmandatario asegura que nunca recibió sobornos, que sus cuentas están en regla y que las acusaciones carecen de sustento probatorio. Esta postura refuerza la narrativa de sus simpatizantes, quienes ven en la causa un intento de borrar su legado político.
La acusación, no obstante, abre un escenario complejo, si el juez llama a juicio, Moreno y los demás procesados podrían enfrentar condenas de hasta trece años de prisión, según lo previsto en el Código Orgánico Integral Penal para el delito de cohecho. Además, de comprobarse las responsabilidades, el Estado ecuatoriano estaría en condiciones de iniciar procesos de recuperación de activos en el extranjero, lo que implicaría el rastreo de cuentas y propiedades vinculadas a los investigados. En paralelo, organizaciones civiles y colectivos anticorrupción celebran la decisión de la Fiscalía, mientras sectores correístas y ex funcionarios del Gobierno de Moreno se acusan mutuamente de instrumentalizar la justicia.
El caso Sinohydro se consolida así como uno de los procesos judiciales más trascendentes de la historia reciente del país, al involucrar a un expresidente, a miembros de su familia y a un entramado internacional de corrupción ligado a una de las obras de infraestructura más grandes y cuestionadas de Ecuador. La investigación revive las sombras sobre el financiamiento de Coca Codo Sinclair, y abre un debate sobre la relación entre poder político y grandes contratistas extranjeros.