Un 8% de los internos de la Penitenciaría del Litoral falleció entre enero y septiembre de 2025, principalmente por tuberculosis y desnutrición crónica, según denuncias de organizaciones de Derechos Humanos en Guayaquil.
La crisis humanitaria y sanitaria continúa agravándose en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, conocido como Penitenciaría del Litoral, en el norte de Guayaquil. Entre enero y septiembre de 2025, un 8% de su población murió, con la tuberculosis y la desnutrición crónica como principales causas.
De acuerdo con el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, este año se han registrado 592 muertes en la Penitenciaría, cifra superior a los 567 reclusos asesinados en las masacres carcelarias registradas entre 2021 y 2024.
Un informe del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) señala que, entre enero y septiembre, 296 muertes fueron naturales, 258 están por determinar y 38 fueron violentas.
Al menos 10 presos mueren por tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil
La prisión se ha convertido en la más letal del país debido a la violencia que enfrenta desde 2021 —acumulando más de diez masacres—, pero ahora también concentra la mayor cantidad de muertes consideradas “naturales” o aún sin clasificar.
Epidemia de tuberculosis y hacinamiento crítico
La Penitenciaría del Litoral registra el 77,89% de todas las muertes carcelarias del Ecuador en 2025. El 18 de noviembre, Criminalística levantó los cuerpos de diez internos fallecidos por tuberculosis, mientras que cadáveres con signos de desnutrición crónica llegan al centro forense a un ritmo de hasta 30 cada semana.
Este centro carcelario, parte del complejo de cinco prisiones del norte de Guayaquil, tiene capacidad para 4.519 reclusos, pero este año mantiene un promedio de 7.250 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 60%. Por cada diez espacios disponibles, hay 16 personas ocupándolos.
El hacinamiento agrava los riesgos de violencia, motines y conflictos entre pabellones, además de provocar el colapso de servicios básicos como el agua, la salud y la alimentación, alertan organizaciones de derechos humanos. Esta situación también facilita la propagación de enfermedades como la tuberculosis y fortalece a los grupos delictivos al reducir la capacidad del Estado para controlar un sistema saturado.
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