Un proyecto elaborado en 2022 volverá al debate del Pleno de la Asamblea Nacional antes del receso legislativo. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) responsabiliza a la Revolución Ciudadana por la millonaria indemnización que Ecuador deberá cancelar a la petrolera Chevron.
La sentencia internacional obliga al país a pagar USD 220 millones, lo que reactivó la discusión sobre la Ley de Repetición, pendiente desde hace tres años. ADN anunció el 10 de diciembre de 2025 que impulsará un debate urgente sobre esta normativa, que busca establecer la responsabilidad patrimonial de funcionarios y exfuncionarios públicos, así como de entidades privadas que ejercieron funciones estatales en hechos que generaron perjuicio económico.
En el caso Chevron, el legislador Xavier Ordóñez atribuyó la sanción a las actuaciones del gobierno de Rafael Correa, señalando que se manipularon procesos judiciales iniciados por comunidades indígenas contra la petrolera, con sentencias y peritajes cuestionados. Según Ordóñez, esas irregularidades derivaron en un fallo arbitral favorable a la compañía. “No puede salir del bolsillo de los ecuatorianos; quienes cometieron la ilegalidad deben responder con sus bienes”, afirmó.
La Asamblea no parte de cero. Ya existe un informe de primer debate elaborado en 2022 por la Comisión de Justicia, presidida entonces por Alejandro Jaramillo, sobre una propuesta presentada en 2021 por el procurador Íñigo Salvador. Incluso en 2011 hubo un intento similar impulsado por Mauro Andino, que nunca llegó a segundo debate.
En el actual periodo legislativo se han presentado dos nuevas iniciativas: una de la oficialista Camila León, en agosto de 2025, y otra del procurador Juan Carlos Larrea, en septiembre del mismo año. Ambas están en la Comisión de Justicia, aunque aún no han sido tratadas. Se prevé que el Pleno discuta el proyecto de 2022 el próximo 16 de diciembre, antes del receso.
Desde la Revolución Ciudadana, el legislador Comps Córdova rechazó las acusaciones del oficialismo y defendió que el laudo arbitral no menciona a su movimiento. Recordó que gobiernos anteriores, en 1995 y 1998, firmaron acuerdos que liberaron de responsabilidad a Texaco. Además, acusó a las administraciones de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa de realizar gestiones para evitar que Chevron indemnice a las comunidades afectadas por la contaminación.