La crisis sanitaria en Los Ríos se agudizó, cuando pacientes renales y familiares bloquearon la vía Babahoyo–Jujan para exigir al Estado el pago atrasado a las clínicas de diálisis, mientras el gobernador Galo Lara, en lugar de reconocer la emergencia, responsabilizó públicamente al presidente de la Unidad de Hemodiálisis de Los Ríos, Juan Acurio, acusándolo de provocar las movilizaciones pese a que la protesta respondía a casi dos años de deudas del MSP y el IESS que han puesto en riesgo la continuidad del tratamiento de más de 2.300 pacientes en la provincia.
El gobernador Galo Lara fue señalado por dirigentes de salud y familiares de pacientes renales de incurrir en agresiones verbales e intimidación contra personas que reclamaban el restablecimiento de sus tratamientos.
La confrontación se intensificó cuando Lara difundió un audio editado —según denunció Acurio— con el que intentó atribuirle la organización de los cierres viales, al tiempo que presentó una queja en Fiscalía y afirmó que los bloqueos comprometían la atención médica, mientras los pacientes sostuvieron que la verdadera amenaza a su salud es la falta de pagos, la reducción de cupos, la escasez de insumos y la precariedad que enfrentan las unidades de diálisis que llevan 21 meses sin recibir recursos públicos para operar.
El conflicto evidenció la falta de respuestas estructurales del Gobierno central ante una deuda millonaria que mantiene a las clínicas al borde del colapso, obligando incluso a trasladar pacientes a otras provincias, mientras organizaciones de salud y familiares apuntaron a una gestión gubernamental más enfocada en buscar culpables que en resolver la emergencia, generando preocupación nacional por el riesgo de que cientos de personas dependientes de diálisis queden sin tratamiento en los próximos días si no se adoptan medidas inmediatas.