Entre los denunciados también aparecen cuatro consejeros de Participación Ciudadana. Los denunciantes piden prisión preventiva para los implicados.
La situación del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se complica con el paso de los días. A su cuestionada presencia al frente del organismo se sumó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
En los primeros días de 2026 se conoció que Godoy; su esposa, Dolores Vintimilla; y los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni —presidente del organismo—, David Rosero, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez fueron denunciados por delincuencia organizada, fraude procesal, tráfico de influencias e intimidación.
Además de ellos, también fueron denunciados Francisco Rosero Utreras, socio de Godoy y Vintimilla y funcionario del Consejo de la Judicatura; y siete miembros de la comisión ciudadana de selección que llevaron a cabo el proceso de designación del presidente de la Judicatura en el cual Godoy resultó seleccionado.
Quienes interpusieron la denuncia fueron Juan Francisco Gabriel Morales, abogado y expresidente de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas; y el exdiputado Jorge Eduardo Moreno.
En su denuncia, presentada el 22 de diciembre de 2025, los dos abogados solicitan la prisión preventiva para Godoy y los demás implicados. Además, de que se remita la nómina completa de funcionarios del Consejo de la Judicatura que han desempeñado funciones o han laborado en los estudios jurídicos de Mario Godoy.
Según Morales y Moreno, Godoy fue posesionado como presidente de la Judicatura con «múltiples irregularidades ejecutadas por el CPCCS en obediencia a intereses del Poder Ejecutivo. Ha organizado un grupo delincuencial para beneficiarse económicamente de su función pública, junto con su cónyuge y otros asociados».
Esta denuncia llega en medio de las declaraciones del juez anticorrupción Carlos Serrano acerca supuestas presiones y amenazas a su integridad luego de la sentencia penal por lavado de activos, con la que se condenó a 10 años de prisión al serbio Jezdimir Srdan.
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