La relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, está alarmada sobre las últimas noticias respecto a la seguridad de jueces y operadores judiciales en Ecuador, especialmente de aquellos que investigan casos de corrupción y de graves violaciones de derechos humanos, “en un contexto marcado por el crimen organizado y denuncias de connivencia con sectores del poder judicial”.
Dicho comentario alarmante se debe luego que un grupo de magistrados de la Unidad Anticorrupción elevó una carta de 22 páginas al Consejo de la Judicatura (CJ) para exponer lo que refieren como una situación insostenible en el ejercicio de sus funciones.
Satterthwaite mencionó que el 14 de agosto de 2023 expresó su preocupación por la persecución de operadores judiciales, incluyendo amenazas de bomba y atentados dirigidos contra complejos judiciales.
“Me preocupa constatar que los patrones de inseguridad persisten en el país, a pesar de los compromisos declarados por el gobierno para reforzar su seguridad”, indicó.
Satterthwaite mencionó que la intimidación y las presiones contra jueces y fiscales que investigan actos de corrupción y delincuencia organizada ponen en peligro el principio de independencia judicial y constituyen una injerencia directa en el proceso judicial.
Acotó que, como indica el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la independencia judicial es esencial para la protección de todos los derechos humanos, y que los Estados deben garantizar que los miembros del poder judicial estén protegidos frente a injerencias, intimidaciones, obstáculos o acoso.
“Es obligación del Estado garantizar la seguridad y la integridad personal de los funcionarios judiciales y adoptar medidas para asegurar su derecho a la vida”, manifestó.
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