Después de su aprobación en la Asamblea Nacional, y tras llegar a la Corte Constitucional (CC), la Ley de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y la Orgánica de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía registran, entre ambas, hasta el momento, 20 demandas de inconstitucionalidad.
La primera, la Ley de reforma al Cootad, que se aprobó en el Pleno de la Asamblea con 77 votos, tiene 15 demandas en la CC, entre el 23 de febrero y el 4 de marzo.
La normativa establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán destinar, al menos, el 65% de su presupuesto a inversión en obras, porcentaje que subirá al 68% en 2027 y al 70 % en 2028. El resto del presupuesto podrá utilizarse para gasto corriente.
Las acciones que se presentaron en la Corte se encuentran, por ejemplo, la del Municipio de Quito; la de los concejales de Cuenca; la del GAD parroquial de Cusubamba; la de la Prefectura de Pichincha; la del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); la del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik; la de la asambleísta de Revolución Ciudadana, Patricia Núñez, entre otros.
El trámite de dichas acciones se distribuyó entre los jueces ponentes Jhoel Escudero, Claudia Salgado, José Luis Terán, Alí Lozada, Karla Andrade, Jorge Benavídes, Richard Ortiz, y Alejandra Cárdenas.
Autoridades locales sostienen que esta Ley no reconoce el costo del talento humano técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos.
Por su parte, la Ley de Minería y Energía, aprobada con 77 votos de la bancada oficialista y sus aliados, registra en la CC 5 demandas de inconstitucionalidad.
Los representantes de organizaciones sociales, colectivos ambientales y entidades públicas advierten posibles vulneraciones al principio de unidad de materia, debido a que el texto reúne reformas mineras, energéticas, económicas e institucionales en un mismo cuerpo legal.
Entre los puntos más sensibles destacan la sustitución de la licencia ambiental por una autorización ambiental, y la posibilidad de ampliar actividades mineras, incluida la extracción pétrea en Galápagos.
Hasta ahora, las demandas interpuestas vinieron del Partido Socialista Ecuatoriano; Pacha Terán, Rodrigo Sebastián Cevallos Vivar, Byron Mauricio Garcés Preciado, Edgar Paúl Jácome Segovia y Augusto Enver Aguirre Macas — por sus propios derechos; Verónica Iñiguez, de Revolución Ciudadana; Andrés Albuja; la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Unión de Defensores del Agua y la Naturaleza (Unagua) y otras organizaciones defensoras del agua.
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