Solo han quedado huellas de contaminación y daños en donde hace un año había cultivos junto al río. En la parroquia Cube, en Quinindé, el derrame de crudo del año pasado afectó a las familias que dependen del trabajo agrícola. En este sector, donde el cacao, la caña bambú y el plátano sostenían la economía local, al menos 239 hectáreas de estos cultivos quedaron perjudicadas. De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, los 40 productores con fincas cercanas a la ribera fueron los primeros en sufrir las consecuencias.
En esa área, la presencia de hidrocarburos provocó la pérdida de la producción. Uno de los afectados es Juan Cagua, quien tenía 100 matas de caña bambú, pero después del derrame comenzaron a dañarse. “Cuando empezó el derrame, lo que pude observar es que comenzó a amarillearse la caña. Todas las hojas se fueron al suelo, comenzó a secarse y a caerse”, manifestó.
Relata que, desde el desastre ambiental, ha perdido al menos USD 40 mil y, aunque volvió a sembrar, aún existen matas que crecen con cañas secas.
A cinco minutos, en el sector Chucaple, otra actividad productiva también resultó afectada. Ocho familias asociadas dedicadas a la producción de miel aseguran que los olores del petróleo ahuyentaron a las abejas y las colmenas empezaron a vaciarse. Manuel Morales, apicultor, cuenta: “Entonces tenía 45 colmena, al momento de que pasó el desastre, al otro día vine a mirar mis colmenas; de golpe se habían ido 12”.
Esta pérdida equivale a 200 litros menos de miel en las cosechas, realizadas tres veces al año. El impacto también alcanzó a la ganadería, ya que las fuentes de agua donde se hidrataban unas 3 mil vacas quedaron contaminadas. Con la llegada del invierno, los ganaderos han utilizado vertientes activadas por las lluvias para abastecer de agua a sus reses, aunque desconocen cómo enfrentarán la situación cuando vuelva el verano.
Finalmente, según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Petroecuador ha entregado 6.512 indemnizaciones de apenas USD 470 y aún faltarían por entregarse 1.170. Los afectados sostienen que ese valor es insuficiente frente a las pérdidas registradas.