El decreto del toque de queda fue validado por la Corte Constitucional, pero se estableció que la Defensoría del Pueblo supervise su implementación y que se asegure el funcionamiento de los servicios públicos y judiciales.
La Corte Constitucional (CC) dictó la constitucionalidad del decreto ejecutivo que el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió y que establecía un toque de queda entre las 23:00 y las 05:00 en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas; este fue efectivo hasta fines de marzo.
Sin embargo, la Corte condicionó esa constitucionalidad en su dictamen —emitido el 19 de marzo y publicado este viernes 20— y exhortó al Ejecutivo a permitir que la Defensoría del Pueblo supervisara las operaciones ejecutadas mientras el estado de excepción estaba vigente, en colaboración con la fuerza pública.
El organismo también ordenó que el Ejecutivo se asegure de que los servicios públicos y el sistema de justicia continúen funcionando, al igual que los sectores estratégicos. Además, destacó que el trabajo de los medios de comunicación no se puede obstaculizar durante el toque de queda.
Desde la noche del domingo 15 de marzo, estas cuatro provincias han estado bajo una limitación de la libertad de tránsito. En ese horario, solo pueden transitar oficiales del ejército, policías, médicos y otros trabajadores sanitarios, así como empleados de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
No obstante, las excepciones excluyen a áreas fundamentales. El servicio de recolección de basura es uno de ellos, y su eliminación ha llevado a que se acumulen residuos en las calles y aceras de ciudades como Guayaquil, Babahoyo y Santo Domingo.
La Alcaldía ha señalado que no consigue recolectar en el día las más de 4 000 toneladas de basura producidas diariamente en Guayaquil. En realidad, las autoridades locales habían pedido al Gobierno Nacional que permitiera la recolección de basura durante el toque de queda debido a las repercusiones urbanas y sanitarias que esta restricción causa.
El toque de queda fue establecido por el gobierno de Daniel Noboa como parte de su táctica para combatir a las pandillas delictivas y el crimen organizado, que han sido catalogadas por él como grupos terroristas durante la contienda armada interna que se ha sostenido desde enero de 2024.
A pesar de esta declaración, Ecuador concluyó 2025 con más de 9.200 homicidios, el número más alto en la historia del país.