Después de salir de la cárcel del Encuentro, Antonio y Xavier Alvarez, líderes de Barcelona SC, se fundieron en un abrazo con su familia en la comuna Juntas del Pacífico, ubicada en Santa Elena.
Después de que un tribunal de Pichincha aprobara la revocación de la orden de prisión preventiva en su contra, Antonio y Xavier Alvarez, ejecutivos del Barcelona SC, fueron liberados a las 17:00 horas del jueves 2 de abril, luego de salir varias horas después de la Cárcel del Encuentro.
De esta manera, después de salir del reclusorio, se abrazaron con su familia en la comuna Juntas del Pacífico, situada en la provincia de Santa Elena. Ahora se defenderán en libertad del caso Goleada, del que están siendo procesados por la supuesta comisión de un crimen organizado.
Cuando salieron de la prisión de máxima seguridad, sus familiares y amigos organizaron una caravana vehicular para acompañarlos. Aquiles Álvarez, el hermano mayor y alcalde de Guayaquil, sigue en prisión preventiva debido a que tiene otras dos órdenes de este tipo vigentes. Fiorella Icaza, la mujer de Aquiles Alvarez, también abrazó a sus cuñados.
Los hermanos no ofrecieron comentarios a los medios de comunicación. Ambos fueron obligados a presentarse regularmente ante la Fiscalía y se les prohibió salir del país, según determinó el tribunal. Los magistrados opinaron que estas alternativas son adecuadas para asegurar la presencia de los acusados en el proceso judicial, conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad.
Así, tras la detención del directivo, Miguel Montalvo asumió el cargo de presidente de Barcelona SC. Por lo tanto, Antonio Alvarez podrá recuperar su puesto.
Según la Fiscalía, los hermanos Alvarez estaban al mando de una organización criminal estructurada desde 2021 que se dedicaba a desviar diésel subsidiado del sector marítimo nacional hacia barcos internacionales. De acuerdo con la acusación, este plan le habría causado un daño de alrededor de 100 millones de dólares a la nación.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación afirmó que los documentos y chats presentados no evidencian con claridad el pacto criminal para blanquear activos tal como fue planteado inicialmente.