Estados Unidos autorizó asesorías para preparar la reestructuración de la deuda venezolana, pero no ha permitido que se lleven a cabo negociaciones o acuerdos específicos.
El 5 de mayo del 2026, Estados Unidos informó que había otorgado una licencia a varias entidades legales para que empiecen a brindar asesoría al Gobierno venezolano, a la petrolera pública PDVSA y a sus filiales en un proceso dirigido a reestructurar su deuda.
La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro, permite a las asesorías financieras, consultoras y bufetes de abogados establecer comunicaciones con las autoridades venezolanas para preparar una posible reestructuración de sus pasivos y no recibir ciertas sanciones.
Los servicios que se han habilitado abarcan la preparación, el desarrollo y la evaluación de alternativas para reestructurar la deuda, además de crear propuestas y materiales de soporte relacionados con este procedimiento.
Se permiten las asesorías, pero no los acuerdos sobre la deuda.
A pesar de esta flexibilización, el documento aclara que siguen en vigor las sanciones que impiden cualquier reestructuración, renegociación, traspaso o recorte de deuda con PDVSA y Venezuela.
Veinte días después de que el Fondo Monetario Internacional comunicara la reanudación de relaciones con los líderes venezolanos, se otorga la licencia.
No obstante, tanto los bancos comerciales y los acreedores soberanos como la organización multilateral que ha alertado sobre un extenso proceso técnico que queda para que Caracas obtenga financiamiento, no tienen todavía permiso de Washington para llevar a cabo operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda sin correr el riesgo de ser sancionados.