Mediante resoluciones emitidas el 7 de mayo de 2026, la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) determinó que los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a Colombia constituyen un gravamen incompatible con el Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969.
En base a aquello, la CAN ordenó a Ecuador y Colombia que, en 10 días hábiles, retiren sus aranceles recíprocos, al considerar que vulnera las normas del comercio intracomunitario andino.
En las resoluciones 2581, 2582 y 2593, el bloque regional indicó que dichas arancelarias, impuestas por los gobiernos de ambos países, afectan al comercio subregional andino, y vulneran el Acuerdo de Cartagena.
Además, en la Gaceta Oficial, la CAN recordó que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mantienen un acuerdo de integración subregional desde hace más de 56 años, que busca mejorar la calidad de vida de la población andina.
Tras ello, citó el artículo 3 del Tratado Fundacional, que establece un Programa de Liberación para el intercambio comercial, que “tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.
El organismo también cuestionó la justificación presentada por Ecuador respecto a la falta de control en la zona fronteriza colombiana. Según la CAN, la medida no fortalece los mecanismos de control existentes ni promueve acciones coordinadas entre ambos países, sino que introduce una restricción unilateral al comercio formal.
“Más aún, la gestión de la frontera, por su propia naturaleza, implica la concurrencia de las autoridades de ambos países, por lo que el control efectivo de los flujos transfronterizos requiere necesariamente de mecanismos de cooperación binacional y no de la limitación de los canales formales de comercio”, dice el documento firmado por el secretario general de la CAN, Gonzalo Gutiérrez.
El 21 de enero de 2026, el gobierno de Daniel Noboa anunció la imposición de una denominada «tasa de seguridad» a los productos provenientes de Colombia. La medida inicial fue un arancel del 30%, a lo que Colombia respondió de forma recíproca.
El Gobierno ecuatoriano impuso el arancel con el argumento de que Colombia no mantiene un control efectivo de su lado de la frontera.
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