A cuatro meses de las elecciones seccionales en Ecuador, las actividades vinculadas al movimiento oficialista ADN han centrado parte de su estrategia en la población joven, mediante programas estatales y la presencia de autoridades en instituciones educativas.
En TikTok se han multiplicado los videos de creadores de contenido que responden preguntas sobre la tercera edición del programa Jóvenes en Acción, el cual ofrece dos transferencias cercanas a los USD 400 y la posibilidad de acceder a pasantías remuneradas en entidades públicas. De acuerdo con distintas estimaciones, alrededor de USD 180 millones habrían sido destinados para esta iniciativa.
Algunos influencers explican aspectos prácticos del programa, como el uso del dinero recibido o el proceso para acceder a las pasantías en instituciones como el Ministerio de Salud o la Secretaría de Gestión de Riesgos. Sin embargo, también existen voces críticas que advierten que el proyecto no constituye una política pública permanente, cuestionan la falta de información sobre los resultados de las ediciones anteriores y piden mayor transparencia respecto a su impacto.
En paralelo, durante las últimas semanas varios ministros han intensificado su presencia en planteles educativos y eventos dirigidos a estudiantes. El 9 de julio, la ministra de Gobierno, Nathaly Morillo, participó en un conversatorio en la Unidad Educativa Francisco Campos Coello, en Guayaquil. Días después, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, asistió a un concurso intercolegial de cheerleaders, actividad difundida en las redes sociales de esa cartera de Estado. Asimismo, el presidente Daniel Noboa encabezó el lanzamiento del programa Jóvenes del Nuevo Ecuador.
Especialistas consultados consideran que la participación política de los jóvenes es legítima dentro de un sistema democrático, siempre que exista igualdad de condiciones entre las organizaciones políticas. La comunicadora y docente Caroline Ávila recomendó que los estudiantes mantengan una dieta informativa basada en fuentes confiables y lleguen a las urnas con una decisión sustentada en información verificada.
En la misma línea, el analista político Santiago Cahuasquí señaló que es necesario garantizar información plural, proteger los datos personales, transparentar la publicidad digital y evitar la desinformación. Además, enfatizó que debe existir vigilancia sobre el uso de recursos públicos y de la gestión estatal para impedir posibles fines proselitistas y preservar la libertad de decisión de los electores.
Por su parte, la activista de derechos humanos Sybel Martínez manifestó que las instituciones educativas deben mantenerse como espacios libres de proselitismo político, recordando que la escuela pertenece al Estado y no al gobierno de turno. Añadió que cualquier intento de inducir adhesiones políticas dentro del sistema educativo puede vulnerar estándares internacionales de protección de derechos.
La legislación ecuatoriana prohíbe la utilización de niños, niñas y adolescentes en campañas políticas, de acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de la Democracia y el Reglamento de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el padrón electoral, de los 13,8 millones de ciudadanos habilitados para votar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre, el 26 % corresponde a jóvenes de entre 18 y 29 años, mientras que quienes tienen entre 16 y 18 años representan alrededor del 5 % del electorado y participan mediante el voto facultativo.