Karla Julieta Saud Calero, una empresaria esmeraldeña de 42 años, pasó de ser identificada como una gestora de negocios a convertirse en una de las principales investigadas dentro del caso Progen, una trama que involucra presuntas irregularidades en contratos del sector eléctrico ecuatoriano.
Saud, quien cuenta con formación en ingeniería en administración de procesos y es abogada, es señalada por la Fiscalía como una de las personas que habría facilitado la adjudicación de contratos millonarios a la compañía estadounidense Progen Industries LLC durante la crisis energética que atravesó Ecuador en 2024.
La justicia ecuatoriana la investiga como presunta coautora del delito de peculado dentro de este proceso. Según la Fiscalía, el perjuicio económico alcanzaría aproximadamente los USD 104,37 millones, correspondientes a anticipos entregados para la construcción de los proyectos termoeléctricos Salitral y Quevedo, obras que finalmente no generaron energía para el país.
Para el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, la relación de Saud con la contratación pública viene desde años atrás. El funcionario afirmó que su historial de negocios y contratos desde 2016 demostraría la existencia de una red de contactos que habría permitido concretar acuerdos durante la emergencia eléctrica.
Una red empresarial bajo investigación
Los registros de la Superintendencia de Compañías muestran que Karla Saud ha tenido participación como accionista o administradora en varias empresas vinculadas a distintos sectores económicos.
Entre las compañías bajo análisis aparece Astrobryxa S.A., considerada una de las conexiones más relevantes dentro de la investigación. Documentos de la justicia estadounidense señalan que habría funcionado como una posible empresa intermediaria vinculada al esquema de subcontratación de Progen. Actualmente, Saud figura como accionista junto a José Walther Manrique Suárez. De acuerdo con las investigaciones, la compañía habría recibido cerca de USD 15,2 millones provenientes de anticipos estatales.
También aparece vinculada a:
Reprimsa S.A., donde constó como gerente general y que figura en procesos judiciales relacionados.
Caribito S.A., empresa en la que tuvo participación como accionista y administradora.
Marvellous S.A., donde también ejerció funciones gerenciales.
Constructora Manrique Suárez Edwalt S.A. y Gestores Inmobiliarios Lightblue S.A., compañías donde registró participación accionaria.
Además, Astrobryxa ya había sido observada anteriormente. En 2021, la empresa recibió de Celec EP un contrato de mantenimiento cercano a los USD 500 mil, pese a que su entonces gerente, John Carlos Chaparro Brand, aparecía registrado como contratista incumplido en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).
Procesos judiciales en Ecuador
Además del expediente penal relacionado con el caso Progen, Saud figura en otros procesos registrados en la Función Judicial.
El principal corresponde al caso por presunto peculado en la Corte Nacional de Justicia, identificado con el proceso No. 17721-2025-00200G, donde se dictó prisión preventiva en su contra y se inició el trámite de extradición desde España.
También consta un proceso civil en Esmeraldas por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, en el que fue demandada junto a familiares. La causa fue declarada inadmisible en julio de 2022.
Asimismo, aparece en procesos de ejecución de actas de transacción en Samborondón, relacionados con Reprimsa S.A. y José Walther Manrique. Uno de estos expedientes fue archivado tras el retiro de la demanda, mientras otro continúa en trámite.
Detención en España y pedido de extradición
El 9 de julio de 2026, Karla Saud fue detenida en España tras una alerta roja emitida por Interpol. Sin embargo, la Audiencia Nacional española dispuso su libertad con medidas cautelares un día después.
Desde Europa, la investigada cuestionó las acusaciones en su contra, mientras que autoridades ecuatorianas mantienen el pedido para que regrese al país y enfrente el proceso judicial.
José Julio Neira insistió en que Saud debe presentarse ante la justicia ecuatoriana para ejercer su defensa. Ahora, su futuro dependerá de la decisión de España sobre la solicitud formal de extradición presentada por la Corte Nacional de Justicia.
El caso continúa bajo seguimiento debido al impacto económico que habría generado y por las posibles conexiones empresariales alrededor de los contratos eléctricos cuestionados.