La suspensión por nueve meses del movimiento Amigo, dispuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), provocó una ola de críticas por parte de organizaciones políticas, juristas y analistas, quienes cuestionaron la medida y advirtieron sobre sus implicaciones para la democracia ecuatoriana.
El movimiento Reto calificó la decisión como una muestra del deterioro institucional del país y afirmó que Ecuador atraviesa una crisis democrática. En un pronunciamiento público, sostuvo que la resolución del TCE forma parte de una serie de acciones que, a su criterio, han restringido la participación política de diversos sectores de cara a las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
Entre los hechos señalados por la organización constan la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; la suspensión de los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora; la suspensión de la Revolución Ciudadana; y el adelanto del calendario electoral, inicialmente previsto para febrero de 2027.
Por su parte, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, rechazó la resolución del TCE y sostuvo que la exclusión de organizaciones políticas y candidaturas representa una práctica antidemocrática. Además, hizo un llamado a los distintos sectores políticos y sociales a defender el derecho a la participación.
Las críticas también provinieron del ámbito jurídico y académico. El abogado Mauro Andino afirmó que la decisión evidencia un debilitamiento de la institucionalidad democrática, mientras que el politólogo Jacobo García aseguró que la situación política que atraviesa el país no tiene precedentes recientes. En la misma línea, el analista Santiago Basabe manifestó que este tipo de medidas afectan las garantías propias de un régimen democrático.
La suspensión del movimiento Amigo ocurre en un contexto en el que esa organización acogía a varios candidatos vinculados a la Revolución Ciudadana, agrupación política que también fue suspendida previamente por el Tribunal Contencioso Electoral.