Ecuador enfrenta una crisis cada vez más profunda en su sector educativo, a medida que el crimen organizado refuerza su control sobre las instituciones públicas, poniendo a docentes, estudiantes y familias bajo una grave amenaza. La asambleísta Jahiren Noriega Donoso emite una alerta urgente sobre el aumento de la violencia que se dirige ahora contra las escuelas, donde se está «vacunando» a los educadores —término local utilizado para describir los pagos forzados de extorsión—, mientras que padres han sido asesinados y los niños permanecen expuestos a un peligro constante. La situación es más crítica en la provincia del Guayas, particularmente en la Zona 8, que abarca Guayaquil, Durán y Samborondón.
En respuesta a estos crecientes ataques, Noriega solicita formalmente la comparecencia de altos funcionarios del Gobierno y de seguridad ante la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. La convocatoria incluye al Ministro de Educación, al Ministro del Interior, al Comandante General de la Policía Nacional y a la Presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Gabriela Menéndez, con el objetivo de aclarar las medidas de protección que se están implementando para salvaguardar a la comunidad educativa del país.
La gravedad de la crisis se subraya en un memorando oficial, fechado el 15 de junio de 2025, enviado a Inés Alarcón Bueno, Presidenta de la Comisión de Seguridad. El documento revela que, según la UNE, aproximadamente 200 docentes ya han sido extorsionados en el último mes, y al menos 100 han renunciado por temor a su vida y la seguridad de sus familias. Se reporta que muchos otros han perdido sus empleos al intentar protegerse de nuevas agresiones.
Solo en la Zona 8, casi 18,000 educadores trabajan bajo presión extrema, y las mujeres representan el 77% de esa población. El elevado número de mujeres víctimas alerta aún más sobre las dimensiones de género de la violencia criminal en entornos educativos. Las cifras presentadas revelan una realidad de pánico e inestabilidad, donde el miedo ahora domina lo que deberían ser entornos seguros para el aprendizaje y la enseñanza.
El memorando legislativo también enfatiza la abrumadora influencia que los grupos criminales ejercen sobre el sistema educativo, no solo mediante amenazas directas, sino también estableciendo un clima de intimidación que ha paralizado la vida comunitaria. Entre las víctimas se encuentran docentes que denuncian acoso constante y padres que enfrentan consecuencias fatales por resistirse a las extorsiones. Los niños, mientras tanto, deben soportar la exposición diaria a la violencia como parte de su experiencia escolar.
Noriega afirma que la comparecencia solicitada de los funcionarios es un paso necesario para restablecer la confianza y la rendición de cuentas institucionales. Exige explicaciones inmediatas y la presentación de estrategias de seguridad concretas, insistiendo en que el país no puede normalizar la presencia del crimen organizado en sus escuelas. Su iniciativa representa un llamado importante a un liderazgo transparente y una intervención gubernamental decisiva.
Mientras el país lidia con esta ola de violencia, la Asamblea Nacional debe ahora responder a las demandas públicas de seguridad y claridad. Se espera que la próxima sesión del Legislativo se centre en estos temas, siendo la presencia de las autoridades indispensable para abordar el alarmante estado de emergencia declarado por la UNE. El resultado de esta reunión podría sentar un precedente sobre cómo Ecuador enfrenta la influencia criminal en la educación pública.