En una dramática escalada de la crisis carcelaria en Ecuador, la Fiscalía General del Estado presentó cargos formales contra 22 personas —19 militares, dos agentes del SNAI y un recluso— por su presunta participación en la facilitación de la fuga del conocido criminal Rolando Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.
La Fiscalía argumenta que estas personas se confabularon en la fuga del 20 de junio, lo que llevó al tribunal a ordenar prisión preventiva para todos los acusados. Las grabaciones de videovigilancia y los registros de los reclusos muestran cómo alias “Fede” se disfrazó con uniforme militar y escapó en medio de un operativo orquestado en el Pabellón 12, ala 4, lo que indica flagrantes fallos de seguridad o complicidad manifiesta.
De manera inquietante, los investigadores señalan negligencia al más alto nivel, una acusación compartida por el presidente Noboa, quien califica la fuga como un acto de «complicidad, no error». Familiares de los militares y personal de custodia detenidos se congregaron frente al complejo judicial Cuartel Modelo la noche del sábado, protagonizando emotivas protestas y afirmando la inocencia de sus seres queridos. Un padre declaró: “No son criminales; hay una mano oscura que los incrimina”.
Su presencia pone de relieve la profunda división entre las acusaciones institucionales y la defensa pública de los implicados. En medio de la agitación, el Gobierno aumenta la oferta ofreciendo una recompensa de un millón de dólares por información creíble que lleve a la ubicación o neutralización de Fede.
Los ministros Reimberg y Loffredo proclaman a Fede un “objetivo militar”, lo que indica un cambio drástico hacia una política de disparar a matar bajo la nueva legislación anticrimen. Los críticos señalan duramente a las autoridades de seguridad y penitenciarias por sus reiterados fracasos en la contención de criminales de alto perfil. El sistema penitenciario ecuatoriano, ya debilitado por la violencia y la corrupción desenfrenadas de las pandillas, sufre ahora otro fracaso ignominioso con la audaz fuga de Fede.
A pesar de la formalización de los cargos, los analistas advierten que la medida equivale a un gesto simbólico más que a una reforma importante. Argumentan que, mientras no se aborde la descomposición sistémica dentro del SNAI y las fuerzas armadas, se repetirán violaciones similares. La condición de fugitivo de Fede se convierte en una flagrante muestra de decadencia institucional.
Según el poder judicial otorga a los fiscales 90 días para completar su investigación, la indignación pública se intensifica. La ciudadanía exige una verdadera rendición de cuentas, no un teatro judicial. Por ahora, Ecuador observa cómo militares y policías bien armados buscan a un fugitivo, una vez más, facilitado por el mismo sistema que se supone debería encarcelarlo.