Durante todo un día, los jueces constitucionales y su personal permanecieron en incertidumbre luego de que el Ministerio de Energía solicitara el edificio donde trabajan, aunque más tarde la Cartera de Estado desistió de esa decisión.
El 19 de agosto, dicha cartera notificó la finalización de un Convenio de Cooperación Institucional que permite a la Corte Constitucional ocupar el edificio Tamagar, situado en las calles Tamayo y Lizardo García.
A través de un oficio, Nancy Uriarte, Coordinadora General Administrativa del Ministerio de Energía, pidió a los magistrados desalojar el inmueble en un plazo de un mes.
Sin embargo, el 20 de agosto, la misma funcionaria remitió otro documento en el que dejaba sin efecto la solicitud de entrega del edificio.
Este hecho se suma a la confrontación entre el Gobierno de Daniel Noboa y la Corte Constitucional, motivada por la suspensión provisional de artículos de tres leyes promovidas por el Ejecutivo tras admitirse demandas de inconstitucionalidad.
Convenio vigente desde 2019
El acuerdo fue suscrito el 26 de abril de 2019. Posteriormente, el 12 de abril de 2022, ambas instituciones firmaron una adenda que fijaba un plazo de cinco años, con la posibilidad de revocarse con 30 días de anticipación.
El 18 de septiembre de 2023, la Corte Constitucional inició el proceso de renovación del convenio. Para ello, el entonces Ministerio de Energía realizó una inspección y en febrero de 2024 verificó que la entidad cumplía con los pagos de servicios básicos y mantenimiento, a excepción de la pintura de la fachada.
La Corte se comprometió a realizar esa mejora y el 4 de marzo de 2024 el Ministerio autorizó la renovación del convenio por tres años adicionales.
El nuevo acuerdo quedó firmado oficialmente el 19 de abril, estableciendo que la terminación solo puede darse por vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, incumplimiento de obligaciones de forma unilateral o por causas de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.
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