Desde que se declaró el conflicto armado interno, el Presidente ha emitido 14 estados de excepción y sus prórrogas. La Corte Constitucional rechazó dos de ellos por falta de sustento.
Desde que asumió el cargo en noviembre de 2023, Daniel Noboa ha establecido 630 días de estado de excepción, lo que ha hecho de esta medida parte de la rutina de los ecuatorianos, al punto de que se difumina la diferencia con las jornadas o provincias que no están bajo tal régimen.
No obstante, la Corte Constitucional (CC) bloqueó dos de los 14 decretos, anulando las disposiciones ejecutivas por ausencia de argumentos. Asimismo, los jueces han advertido reiteradamente al Presidente sobre su insistencia en recurrir a una medida excepcional, cuando la inseguridad responde a problemas de fondo.
Incluso, la Corte dispuso la conformación de una comisión interinstitucional encargada de supervisar el trabajo de las entidades de seguridad, más allá del Ejecutivo y sus fuerzas del orden. Este «jalón de orejas» también incluyó a la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo.
Pero los resultados no han llegado. Y aunque el Gobierno mantiene su estrategia de «mano dura», ya sin mencionar el secreto Plan Fénix y resistiéndose a cumplir el fallo de la Corte, el primer semestre de 2025 terminó siendo el más violento en la historia del país.
En ese contexto, la suspensión temporal de 16 artículos de las cuestionadas leyes de Solidaridad Nacional e Inteligencia llevó a que el presidente Noboa responsabilizara a la Corte de la inseguridad. No obstante, en las primeras semanas de vigencia de esas normas, la violencia tampoco se redujo.
Actualmente, el Mandatario resolvió ampliar el estado de excepción dictado el 6 de agosto en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí hacia tres cantones más: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar). Sin embargo, la medida inicial aún espera la revisión de la Corte Constitucional, que podría modificar lo dispuesto por el Ejecutivo.
¿Quiénes viven en estado de excepción?
Durante la administración de Daniel Noboa, las provincias con presencia constante de estados de excepción son El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Orellana, además del cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay.
Dependiendo de la coyuntura, se han sumado territorios como la provincia fronteriza de Sucumbíos o el Distrito Metropolitano de Quito. Más recientemente se incorporaron Las Naves, La Maná y Echeandía.
Cabe señalar que entre enero y junio de 2024 todo el país estuvo bajo estado de excepción: 90 días por el conflicto armado interno y 60 días más por la crisis eléctrica. Esa fue la única ocasión en que la medida respondió a causas distintas a la inseguridad.
En cuanto al informe de acciones durante el estado de excepción, este requisito se cumplió hasta el decreto 392 de agosto de 2024. En los seis decretos posteriores y sus renovaciones, el Gobierno no ha entregado dicho reporte.
¿Qué pasó antes de Noboa?
Durante el mandato de Rafael Correa se emitieron 85 estados de excepción que sumaron 4.000 días. Muchos de ellos no restringieron derechos a la ciudadanía, pues se enfocaron en atender a instituciones o estructuras públicas específicas.
Entre los casos estuvieron Petroecuador (450 días), la Asamblea Nacional (640 días), los embalses La Esperanza y Poza Honda (420 días), la Función Judicial (60 días) y unidades operativas del Ministerio de Salud (180 días).
Los demás estados de excepción, aquellos relacionados con la custodia, alerta o emergencia de territorios, totalizaron 3.220 días. El periodo más intenso fue entre 2009 y 2013, cuando los ecuatorianos vivieron mayor tiempo bajo esta medida.
Con el gobierno de Lenín Moreno la lógica cambió: los estados de excepción se enfocaron en la salud pública —como la pandemia— o en la seguridad —como la crisis carcelaria y la violencia en las calles—. Guillermo Lasso mantuvo esa tendencia. En el caso de Daniel Noboa, el eje principal es la inseguridad y la violencia.
Fuente: cortesía