Este lunes 1 de septiembre, la carretera Jujan-Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, se convirtió en escenario de una importante protesta. Pacientes de diálisis y sus familias bloquearon la vía, exigiendo la acción inmediata del Gobierno para pagar las deudas pendientes con las clínicas de diálisis locales. Los manifestantes, más de 1100 pacientes y familiares de Babahoyo, Vinces, Ventanas y Quevedo, portaban pancartas con lemas como «No somos delincuentes, somos pacientes» y «Queremos vivir», enfatizando la importancia de sus demandas.
El tráfico se vio gravemente afectado, lo que llevó a las autoridades a recomendar precaución a los conductores que se dirigían a Guayaquil y sus alrededores. La protesta puso de manifiesto la creciente frustración de los ecuatorianos que dependen de los tratamientos regulares de diálisis para sobrevivir y la falta de apoyo gubernamental oportuno en servicios de salud esenciales.
Juan Acurio, administrador de Dial-Ríos, uno de los principales proveedores de diálisis de la región, declaró que 478 pacientes de Babahoyo, Vinces y Ventanas, y 600 de Quevedo, esperaban tratamiento, con un costo aproximado de $30 por sesión. El gasto semanal total de los pacientes asciende a $90; sin embargo, los retrasos en los pagos del gobierno han impedido que las clínicas garanticen una atención ininterrumpida.
Acurio enfatizó que la deuda del Estado hasta junio ya había superado los $8 millones, y con julio y agosto incluidos, el total se acerca a los $10 millones, lo que pone en grave riesgo la salud de los pacientes. Argumentó que la protesta no fue meramente simbólica, sino un llamado desesperado para obtener apoyo médico vital.
Familiares y pacientes recalcaron que la falta de fondos tiene consecuencias reales, obligando a algunos pacientes a saltarse o retrasar las sesiones de diálisis debido a la falta de suministros. «Cada tratamiento perdido es un paso más cerca de la muerte», dijo un manifestante, mientras que otro destacó el estrés y el miedo que enfrentan las familias, sabiendo que la continuidad de la atención depende completamente de los pagos estatales. Los organizadores de la marcha señalaron que, si bien las clínicas han intentado gestionar la escasez, la magnitud de las deudas impagas implica que el sistema ya no es sostenible sin la intervención inmediata del Gobierno.
Los manifestantes coordinaron su manifestación en varios cantones, incluyendo Babahoyo, Vinces, Ventanas y Quevedo, asegurándose de que su mensaje llegara a las autoridades y a los medios de comunicación nacionales. Se exhibieron pancartas y carteles de forma destacada, instando a las autoridades a priorizar la atención médica para los más vulnerables.