En una declaración reciente, el presidente Daniel Noboa anunció que el contenido específico de las reformas constitucionales propuestas, que serán determinadas por una nueva Asamblea Constituyente, solo se revelará después del referéndum programado para el 16 de noviembre. Esta declaración ha generado preocupación entre los opositores, quienes argumentan que limita el panorama público y el debate sobre los posibles cambios a la constitución nacional.
El referéndum propuesto busca convocar una Asamblea Constituyente con la autoridad para enmendar la Constitución de 2008. El Gobierno del presidente Noboa ha enfatizado la necesidad de estas reformas para abordar problemas nacionales urgentes. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los cambios específicos ha generado críticas generalizadas, sobre todo, de la Revolución Ciudadana, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales. Sostienen que retener información detallada socava los principios democráticos y el derecho del público a estar plenamente informado antes de votar sobre asuntos constitucionales tan importantes.
Según se acerca la fecha del referéndum, se intensifica el debate sobre el equilibrio entre el poder Ejecutivo y la rendición de cuentas democrática. El resultado de esta votación podría tener profundas implicaciones para el panorama político ecuatoriano, transformando potencialmente las estructuras de Gobierno y el marco legal del país.