A través de un comunicado, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) dio a conocer que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra de Leonidas Iza y dos exdirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El motivo de la denuncia de Atamaint, presentada en octubre de 2025, se debió a presuntas irregularidades en la presentación de cuentas de campaña durante la consulta popular para mantener el crudo del bloque 43 bajo tierra.
Los denunciados por la titular del CNE fueron Leonidas Iza, como representante legal de la Conaie; Patricia Lalvay Naula, como jefa de campaña; y Anabel Yasacama Gayas, responsable del manejo económico de la organización indígena.
La Ecuarunari mencionó que la sentencia fue emitida el lunes 11 de mayo de 2026, en el que el juez electoral Juan Patricio Maldonado concluyó que no existieron elementos probatorios suficientes para determinar responsabilidad administrativa o electoral.
El fallo determinó que el CNE no sustentó adecuadamente la materialidad de la infracción contemplada en el artículo 281 numeral 1 del Código de la Democracia, debido a inconsistencias procesales, ausencia de documentación clave dentro del expediente administrativo y deficiencias en la incorporación de pruebas durante el proceso judicial.
“La sentencia ratifica la inocencia de los exdirigentes de la Conaie y deja en evidencia que nunca existieron fundamentos reales en la denuncia que buscaba multar, sancionar y suspender los derechos de participación política de los exdirigentes y de la Conaie”, indicó el comunicado del gremio.
Entre los principales argumentos, el magistrado señaló que la resolución sancionatoria del CNE y sus respectivas notificaciones no fueron incorporadas correctamente desde el inicio del proceso, lo que vulneró el derecho a la defensa de los denunciados y rompió el equilibrio procesal.
Además, el Tribunal consideró que no se pudo demostrar de manera suficiente que los representantes de la Conaie incumplieron deliberadamente con su obligación de rendición de cuentas.
La resolución también dejó sin efecto las acusaciones formuladas por el órgano electoral en relación con el proceso de fiscalización de recursos utilizados en la campaña del “Sí” en la consulta popular sobre el Yasuní ITT.
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