Este jueves 21 de mayo, a través de una carta pública que posteó en su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa se refirió, en breves líneas, al caso Progen, un proceso que ha sacudido el ámbito político, sobre todo, en el Gobierno.
Noboa llamó a que “se vayan presos los culpables”, lo cual contrasta las diversas revelaciones periodísticas de los últimos días, así como la postura de sus ministros y el bloqueo en la Asamblea Nacional, por lo que siembran dudas sobre la transparencia del proceso.
“Que se vayan presos todos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar”, mencionó el Ejecutivo.
Este escrito de Noboa se da tras la difusión de un video grabado en un hotel de Houston en septiembre de 2024, donde una comisión técnica de Celec EP dejó constancia de que los generadores adquiridos a la empresa Progen por USD 149,1 millones eran, en realidad, “chatarra” reacondicionada que “no servía”.
Pese a ello, el Estado desembolsó cerca de USD 104 millones por equipos para las centrales de Salitral y Quevedo que nunca operaron adecuadamente.
En este caso, una de las mayores polémicas recae sobre el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
Aunque ambos se han deslindado públicamente de la firma de los contratos, la evidencia muestra una participación activa.
Mientras tanto, el miércoles 20 de mayo, el Bloque de ADN en la Asamblea Nacional bloqueó el tratamiento sobre las irregularidades de Progen. A través de cambios en el orden del día, la mayoría legislativa priorizó resoluciones de respaldo a la gestión de Noboa en temas de seguridad y empleo, dejando fuera la comparecencia de Luque y otros exfuncionarios.
Esta omisión ha sido calificada por sectores de la oposición como un “bloqueo legislativo” destinado a garantizar la impunidad en lo que consideran “el mayor acto de corrupción” del gobierno actual, el cual habría causado un perjuicio económico al país superior a los USD 104 millones.
El caso Apagón es un enorme judicial que está en audiencia de formulación de cargos con órdenes de prisión para algunos técnicos de Celec y Termopichincha.
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