A pocos meses de que comiencen las inscripciones para las elecciones seccionales de 2026, los alcaldes Aquiles Alvarez, Pabel Muñoz y Cristian Zamora se encuentran ante procesos legales, electorales y administrativos que podrían repercutir en su permanencia en sus cargos o en sus planes de reelección. Con el inicio del registro de candidaturas para los comicios seccionales de 2026 a la vista, los alcaldes de las tres principales ciudades de Ecuador —Aquiles Alvarez (Guayaquil), Pabel Muñoz (Quito) y Cristian Zamora (Cuenca)— se enfrentan a una situación delicada que amenaza su continuidad en el poder o su participación en las próximas elecciones. La oposición denuncia una supuesta “persecución política” contra los funcionarios que se muestran críticos hacia el Gobierno de Daniel Noboa.
Aquiles Alvarez: prisión preventiva y proceso de remoción
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, está atravesando su etapa más complicada desde que asumió su cargo. Actualmente, se encuentra en la cárcel de El Encuentro, ubicada en Santa Elena, y enfrenta al mismo tiempo una investigación por lavado de activos que también afecta a su familia más cercana, así como un proceso administrativo que busca su destitución definitiva como alcalde.
Este viernes 29 de mayo, la Fiscalía General del Estado incluyó formalmente a su esposa, madre y primos en el denominado Caso Goleada. La investigación, que indaga sobre una supuesta estructura empresarial destinada a introducir dinero proveniente de la venta ilegal de combustibles en el sistema financiero, ha cambiado recientemente la acusación de delincuencia organizada a lavado de activos.
Además, está implicado en el Caso Triple A, que examina una supuesta red de comercialización ilegal de combustibles subsidiados que podría haber dañado al Estado. Como medida cautelar, un juez le ordenó usar un grillete electrónico. Más tarde, fue arrestado por no respetar esta medida —quitándose el dispositivo—, lo que originó el caso Grillete, que ha llevado a que se le imponga una orden de prisión preventiva en la cárcel de La Libertad (Santa Elena).
A nivel administrativo, el Concejo Cantonal de Guayaquil comenzará el 1 de junio la fase de pruebas en el proceso de destitución en su contra. Tras resolver cuestiones sobre su defensa técnica, la Comisión de Mesa abrirá un plazo de 10 días para presentar evidencias antes de que el pleno del Concejo determine su destitución, la cual necesita el apoyo de las dos terceras partes de sus miembros.
Pabel Muñoz: sin movimiento y bajo fiscalización
En la capital, el alcalde Pabel Muñoz enfrenta la suspensión de su movimiento político, la Revolución Ciudadana, impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el marco de una indagación fiscal. A pesar de que ha expresado su deseo de buscar la reelección, la falta de una personería jurídica activa para su partido complica su estrategia de alianzas.
Simultáneamente, el 27 de mayo de 2026, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional dio su aprobación a un informe de revisión sobre la adquisición de 60 trolebuses para la ciudad. La conclusión del documento señala que el Municipio reemplazó el proceso habitual de contratación pública al optar por un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), aparentemente sin contar con la autorización previa del directorio de la Empresa de Pasajeros.
La comisión alineada con el oficialismo expresó preocupaciones sobre posibles costos adicionales y la falta de claridad en la operación, indicando que la entrega anticipada de todos los fondos habría incrementado el gasto del proceso. En respuesta, se sugirió enviar el informe a la Contraloría y a la Fiscalía para que se investiguen las responsabilidades. Muñoz calificó esta indagación como un “escándalo”.
El asunto de los trolebuses se ve agravado por la situación del Metro de Quito. El asambleísta de ADN, Xavier Ordóñez, hizo recientemente una denuncia sobre informes técnicos que advierten acerca de un grave desgaste y fracturas en las vías del sistema ferroviario, afirmando que “el riel se está quebrando”.
Cristian Zamora: suspensión de derechos políticos
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se enfrenta a una decisión de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que le suspende sus derechos de participación durante seis meses debido a una acusación de violencia política de género presentada por la concejala Diana González. La sanción incluye una multa de 12. 050 dólares.
Zamora describió la resolución como un acto motivado por “razones evidentemente políticas” y anunció su intención de apelar ante el pleno del TCE. Actualmente, a pesar de la sentencia, Zamora continúa ejerciendo sus funciones como alcalde de Cuenca, dado que la decisión no conlleva su destitución inmediata y los efectos de la sanción están suspendidos mientras se procesa la apelación.
No obstante, el futuro para las próximas elecciones es incierto. Si el Pleno del TCE confirma la sentencia de primera instancia, el alcalde —quien es considerado uno de los favoritos para el cargo— quedaría incapacitado para intentar la reelección en las elecciones seccionales que están programadas para noviembre de este año.
Por el momento, su equipo legal está trabajando en las justificaciones necesarias para revertir la decisión ante el tribunal electoral superior.
El factor tiempo y las elecciones de 2026
La presión sobre estos funcionarios crece, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha adelantado la fecha de las elecciones al 29 de noviembre de 2026, debido a la posible influencia del fenómeno de El Niño.
Con el inicio de la inscripción de candidaturas previsto para el 2 de agosto, los tres alcaldes de la oposición se enfrentan a diversos frentes institucionales que, según la oposición, responden y se alinean con el Gobierno de Noboa.