La Asamblea Nacional continúa el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato, una propuesta que ya fue debatida en primera instancia en abril de 2026 y que busca fortalecer la seguridad jurídica en las relaciones de arrendamiento, además de promover un mayor equilibrio entre propietarios e inquilinos.
La Comisión de Justicia, encargada de elaborar el informe, sostiene que la iniciativa responde a las nuevas necesidades derivadas del crecimiento urbano y la expansión del mercado inmobiliario, con el objetivo de reducir la informalidad y brindar mayor claridad a las normas que regulan los contratos de arriendo.
Entre los principales cambios, el proyecto establece que tanto el arrendador como el arrendatario serán responsables no solo de sus propias acciones, sino también de los actos de sus familiares, huéspedes, dependientes o personas bajo su responsabilidad cuando estos ocasionen daños o comprometan la conservación y seguridad del inmueble.
La propuesta mantiene la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento de forma verbal o escrita. Sin embargo, dispone que aquellos cuyo canon mensual supere el 50 % del salario básico unificado deberán formalizarse por escrito e inscribirse en una notaría dentro de los 30 días posteriores a su celebración.
Asimismo, el proyecto aclara que la ausencia de un contrato escrito no invalida la relación de arrendamiento. En estos casos, las partes podrán demostrar las condiciones pactadas mediante los mecanismos establecidos en el Código Civil.
En materia de mantenimiento, la reforma precisa las obligaciones de cada parte. El propietario deberá realizar oportunamente las reparaciones necesarias para garantizar que el inmueble reúna condiciones adecuadas de habitabilidad, seguridad y salubridad.
Si el arrendador incumple con las reparaciones ordenadas por un juez o mediador dentro del plazo fijado, el inquilino podrá ejecutar las obras indispensables y descontar el valor invertido de las pensiones de arriendo, con un recargo adicional del 10 %.
Por su parte, el arrendatario deberá asumir el costo de los daños ocasionados por un uso inadecuado, negligencia o por las acciones de las personas bajo su responsabilidad. En caso de incumplimiento, el propietario podrá realizar las reparaciones y exigir el reembolso correspondiente.
La propuesta también contempla medidas para evitar prácticas arbitrarias por parte de los arrendadores que puedan afectar los derechos de los inquilinos.
El asambleísta oficialista Keevin Gallardo, ponente del informe, señaló que la reforma busca impulsar un mercado de arrendamiento más transparente, disminuir los conflictos judiciales y fomentar la formalización de los contratos.
El informe para el primer debate fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia el 21 de marzo de 2026, con diez votos a favor. Actualmente, se prepara el informe que será presentado para el segundo y definitivo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.