El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) suprimió la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado en Ecuador, cuatro años después de su creación.
Esto se da en el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial, por lo que el Pleno del CJ reestructuró el modelo de juzgamiento especializado en corrupción y delincuencia organizada, con base en sustentos técnicos, jurídicos y de planificación.
Dicha instancia operaba al 50% de su capacidad tras la suspensión de tres jueces por el caso Goleada. Dicha decisión se tomó el 7 de septiembre de 2026. Sus competencias serán asumidas por otras judicaturas penales del cantón Quito y la Corte provincial de Justicia de Pichincha.
La entidad indicó que los informes determinan que el actual modelo especializado de juzgamiento de este tipo de delitos registra un desequilibrio operativo. Por ejemplo, según datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), en 12 meses el Tribunal Anticorrupción registró solo 234 expedientes para sus nueve magistrados, mientras despachos penales ordinarios como la Corte Provincial de Pichincha superaron el 100% de su capacidad.
“La medida incrementará la capacidad operativa al pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados para conocer estos casos a nivel nacional”, mencionó.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, enfatizó que “frente al crimen organizado y la corrupción, nuestro mensaje es clave, más capacidad de respuesta, mayor cantidad de juzgadores, más eficiencia y sobre todo, cero impunidad”.
Ante ello, la relatora especial de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación la medida adoptada por el CJ.
Dijo que los estándares internacionales exigen que los Estados garanticen que los tribunales cuenten con los recursos y la capacidad judicial necesarios para administrar justicia de manera efectiva.
“En este contexto, las medidas que afecten aún más la capacidad del poder judicial merecen un escrutinio particular. Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces, debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias”, señaló.
Mientras que el Observatorio de Derechos y Justicia dio a conocer su preocupación por la supresión de las judicaturas especializadas en corrupción y crimen organizado.
Indicó que la medida contraviene la garantía de la estabilidad laboral de los 19 magistrados y cuestionó que se haya tomado esta decisión de forma “apresurada y hermética”.
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