Una década después de que el Gobierno promoviese la preventa de petróleo atada a créditos o anticipos de dinero con Petrochina, Unipec y Petrotailandia, la deuda se mantiene. Aparte del crudo comprometido que se debe entregar a estas tres firmas asiáticas, Ecuador debe cancelar en total USD 3 613 millones.
Este monto corresponde al capital más intereses de los préstamos o anticipos otorgados por estas compañías, según información de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, y el de Economía y Finanzas. El plazo acordado para cumplir con estas obligaciones es hasta el 2026.
En este año, por ejemplo, está previsto abonar USD 901 millones, refiere el Ministerio de Economía y Finanzas en su página web. Luego se seguirá cancelando el saldo pendiente, según las condiciones de cada contrato. Actualmente, el Estado tiene ocho convenios de preventa de petróleo vigentes atados a créditos o anticipos. Aunque desde que se optó por esta modalidad de financiamiento, en julio del 2009, hasta el 2016 el Gobierno anterior firmó 13 contratos, en total.
Solo por los ocho acuerdos vigentes, Ecuador obtuvo un financiamiento por USD 13 368 millones. De esta cantidad, la mayoría ha sido ya desembolsada. Al país le queda por recibir apenas un 4% de este monto. En este año, Finanzas espera un desembolso de USD 445 millones.
Una parte de este provendría del último crédito logrado en diciembre pasado durante una visita oficial que hizo el Gobierno de Ecuador a China. Estos recursos fueron otorgados por el Banco de Desarrollo de China a una tasa del 6,5% a un plazo de seis años y dos años de gracia.
el Gobierno acordó ampliar el plazo de entrega del crudo ya comprometido. Actualmente, las obligaciones financieras por los créditos y anticipos recibidos representan el 12% del total de la deuda pública del país. Esto muestra que la deuda con las firmas asiáticas se ha reducido.
“Hace cuatro o cinco años debíamos como USD 10 000 millones” refiere Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Pero esto no es todo lo que Ecuador debe a estas compañías. Aparte de los recursos económicos, el Estado tiene aún pendiente la entrega de 375 millones de barriles de petróleo comprometidos con estas firmas. Esta cantidad equivale al crudo que destina el país para la exportación durante tres años consecutivos.
La entrega de este crudo está planificada que se cumpla hasta el 2024. En este año, por ejemplo, se destinarán 94 millones de barriles de petróleo. Mientras tanto, en el siguiente año todo el crudo para exportación servirá para honrar las preventas pendientes. Esta situación cambiará a partir del 2021, según el esquema de entregas que maneja el Ministerio de Energía.
Entonces, la cantidad de crudo que se asignará irá disminuyendo de manera progresiva a medida que finalice el plazo de estos contratos. Esto permitirá tener disponibilidad de petróleo para venderlo a otras firmas. Por las condiciones expuestas, Ortiz considera que el Gobierno no debe volver a utilizar este mecanismo de venta de crudo atado a créditos o anticipos.
La razón es que a cambio de financiamiento se comprometen los ingresos del principal recurso de exportación que tiene el país. “El Gobierno debería hacer un esfuerzo para conseguir los recursos para precancelar la deuda con estas compañías y liberar el crudo”.
ernando Santos, exministro de Energía, coincide en que estos contratos son inconvenientes para el país al punto que la Contraloría General del Estado y la Fiscalía están investigando estos convenios. El actual Gobierno promovió entre el 2017 y 2018 la renegociación de estos contratos. Pero luego de este proceso no hubo una precancelación.
El Ministerio de Energía sostiene que en esta renegociación se mejoró la fórmula para fijar el precio del petróleo; hubo un ajuste por la calidad del crudo, se optimizó el premio, se revisó el costo del transporte y se reprogramaron las entregas de esta materia prima. Esta última medida permitió que Ecuador tenga crudo disponible para venderlo en el mercado ‘spot’ o inmediato, que se efectúa a través de procesos de licitación.
Fuente: El Comercio