La Asamblea Nacional aprobó este martes 23 de junio de 2026 dos resoluciones enfocadas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), impulsadas por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). Las iniciativas buscan fiscalizar la adquisición de trolebuses en Quito y revisar el incremento patrimonial de alcaldes y prefectos a escala nacional.
Desde sectores de oposición, estas decisiones fueron interpretadas como parte de una estrategia de presión política en el contexto previo a las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026, en las que se renovarán alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales.
Fiscalización a la compra de 60 trolebuses en Quito
Con 83 votos a favor, el Pleno respaldó la fiscalización del proceso de compra de 60 unidades de trolebuses destinados a la capital. La resolución fue impulsada por el asambleísta oficialista Xavier Ordóñez, pese a que la normativa establece que el control de estos procesos corresponde a los concejos municipales.
La medida permite a la Asamblea dar seguimiento político al contrato, valorado en USD 32,9 millones. Desde la bancada de gobierno se advierte la existencia de un posible sobreprecio, señalando que cada unidad habría sido adquirida por USD 538.000, frente a otras ofertas que se situaban por debajo de los USD 435.000.
El informe también menciona presuntas irregularidades en el uso del mecanismo de contratación a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), además de un supuesto perjuicio económico de USD 2,5 millones, según un informe de Contraloría.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, rechazó las acciones legislativas, calificándolas como un “bochorno internacional” y una supuesta “campaña de persecución política” contra la ciudad. Sostiene además que la Asamblea no tiene competencia legal para intervenir en la gestión municipal, atribución que —dice— corresponde al Concejo Metropolitano. Anunció que llevará el caso a instancias de derechos humanos.
En contraste, el asambleísta Franklin Samaniego defendió la legalidad del proceso, señalando que la contratación con organismos internacionales está amparada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Añadió que el proceso ordinario de 2022 fue suspendido por recomendación del Sercop.
Samaniego también defendió el rol de Unops, al que atribuyó un valor institucional por su acceso a redes globales de proveedores, estándares internacionales y mecanismos de auditoría. Sobre los costos, cuestionó las comparaciones presentadas por ADN, indicando que no incluían rubros como flete, seguros y gestión aduanera.
Asimismo, destacó beneficios del proyecto, como un ahorro estimado de USD 6 millones en combustible, reducción de entre 30% y 40% en costos de mantenimiento frente a unidades diésel y la disminución de emisiones contaminantes equivalentes a 4.000 vehículos livianos.
Por su parte, la legisladora Liliana Durán sostuvo que el Municipio de Quito obtuvo un ahorro de USD 27.784 por unidad, al comparar el costo final promedio con el valor referencial del estudio de mercado.
TABLERO ELECTORAL 2026
Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, las críticas apuntan a que estas acciones tendrían motivaciones políticas con el objetivo de debilitar a figuras con alta proyección electoral, como el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el prefecto de Pichincha, Paola Pabón, de cara a los comicios del 29 de noviembre de 2026.
“Que no le teman a las urnas”, expresó la legisladora Liliana Durán, al señalar que se trataría de una estrategia para favorecer a candidatos oficialistas. En cambio, desde ADN se insiste en que las resoluciones responden a su función de fiscalización y a la necesidad de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en los GAD.