El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, está tomando medidas enérgicas para combatir a mineros ilegales que cada vez invaden más yacimientos formales de oro, pero mantenerlos lejos de las concesiones, como la de una multimillonaria australiana, podría ser una tarea difícil.
Moreno envió el mes pasado a unos 4.000 militares y policías para desalojar a miles de mineros ilegales de una concesión otorgada en 2017 a la firma Hancock Prospecting, controlada por Gina Rinehart, la mujer más rica de Australia.
El Gobierno asegura que con el área en emergencia y los uniformados controlando la parroquia de Buenos Aires, donde se encuentra la concesión Imba-2, la minería ilegal se ha detenido.
Pero la declaratoria de emergencia y el envío de militares, que siguió a una solicitud de la firma de Rinehart para que se suspenda su contrato por los disturbios, ahora corre el riesgo de desatar nuevas reacciones de la población vecina al proyecto.
Para los habitantes de la comunidad agrícola, que levantaron carpas de plástico y restaurantes improvisados cerca de la mina, el control estatal sacudió la economía de la zona, enclavada en las montañas del norte del país. Algunos mineros tienen planes de regresar cuando concluya la emergencia.
«Esto quedó más pobre que nunca en la vida», dijo Alba Martínez, una ama de casa de 50 años de la comunidad de Buenos Aires, cuyo esposo abandonó el campo para trabajar en la mina hace dos años. Después de la medida del gobierno, él y sus dos hijos, también mineros, salieron a la ciudad a buscar trabajo.
Este enfrentamiento constituye un reto para los gobiernos de países de América Latina, África y Asia, que buscan atraer la inversión de grandes compañías mientras tratan de evitar reacciones violentas de los mineros ilegales, quienes ven a la prospección en sus tierras como un derecho adquirido.
«Por supuesto, la minería ilegal genera incertidumbre», dijo a Reuters el vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner, que encabeza un grupo de trabajo sobre la lucha contra la minería ilegal. «Pero lo que queda claro es que el Gobierno Nacional no tolerará ninguna actividad ilegal».
Moreno ha seducido al sector eliminando un inesperado impuesto sobre los recursos mineros, implementando una modalidad de pago anticipado de regalías y reduciendo un impuesto sobre la ganancia de capital en las transferencias de las compañías.
El año pasado, Ecuador recibió 742 millones de dólares en inversión extranjera directa en el sector minero, más del doble de lo captado en 2017, según datos oficiales.
Moreno aplaudió la reciente apertura de la mina Mirador, de propiedad china, en el sur de Ecuador, así como el progreso en el proyecto Cascabel de SolGold en la provincia montañosa de Imbabura. Ahí es donde también se encuentran las concesiones de la filial local de Hancock, Hanrine.
Fuente: El Universo